La Fiscalía Anticorrupción discrepa de la tesis del juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, que archivó la rama en la que se investigaron a 40 personas por la contratación de trabajos de reputación online de cargos del PP, y ha pedido reabrir la causa para concretar contra qué imputados se puede dirigir la acusación.
García-Castellón puso fin a estas pesquisas al no apreciar la existencia de un concierto entre los investigados para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria y ante la dificultad de "disociar en el ámbito de las redes sociales, la persona misma del cargo que ocupa, y más aún cuando se trata de potenciar su imagen pública".
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto del magistrado para que se reabra esta pieza del caso Púnica, la número 10, con el fin de poder concretar las imputaciones contra los investigados y dictar un auto de procesamiento, informa Efe.
Un procedimiento abierto en 2014
Esta pieza del caso Púnica, un procedimiento que echó a andar en 2014, estaban investigadas 40 personas, entre ellas los exalcaldes de Castellón, Alfonso Bataller; Denia, María Kringe Sánchez; Coslada, Raúl López Vaquero; Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, y Majadahonda, Narciso de Foxá Alfaro, así como otros cargos públicos.
"Resulta extraordinariamente difícil, sino imposible, distinguir entre la promoción institucional del cargo que ocupa una persona, y su prestigio personal político, cuando se trata de realizar campañas de promoción o publicidad en internet, redes sociales o medios de comunicación social", argumentó el juez cuando archivó la investigación. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha expresado una abierta discrepancia contra ese sobreseimiento.
