La sentencia contra los líderes independentistas catalanes ha marcado la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo hasta el punto de que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha lanzado una advertencia a las autoridades: "todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma".
Segarra se refiere a la resolución que en las próximas semanas emitirá el Tribunal Supremo sobre el juicio a los doce líderes independentistas catalanes a los que la Fiscalía acusa por rebelión y por ello pide hasta 25 años de cárcel en el caso de principal acusado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión provisional.
Este mensaje se produce apenas unos días después de que el actual presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, asegurase que responderán a la sentencia con una desobediencia civil y llegó a poner como ejemplo el paso atrás dado por las autoridades de Hong Kong tras las protestas sociales contra la ley de extradición es ese país.
Ante la atenta mirada del rey Felipe VI la máxima representante del Ministerio Público ha hecho una defensa de su papel en el proceso "frente a la extraordinaria gravedad de los hechos". En ese sentido, ha valorado que se aplicó la Ley de una forma "serena, firme y rigurosa". Ha puesto en valor que el juicio presidido por el juez Manuel Marchena se llevó a cabo por "los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes".
En su intervención, Segarra ha llegado a citar a Descartes para defender que "la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país". "El normal funcionamiento de las instituciones y, singularmente del sistema de Justicia, es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia", ha añadido. Ya en el arranque de su alocución, la fiscal general del Estado, había elogiado la Constitución como "uno de los mejores proyectos comunes de la ciudadanía español de sus muchos años de historia compartida".
Otros delitos
Segarra ha repasado las estadísticas de su Departamento en algunos de los delitos más significativos y se ha detenido en la violencia machista. Ha llamado la atención en torno a que, de las 49 mujeres asesinadas en el último ejercicio, 16 de ellas habían presentado previamente denuncia.
Por ello, la fiscal general ha recordado que el Ministerio Público apunta ya desde años a "una insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas". Debe hacernos reflexionar sobre la suficiencia de los medios disponibles y el irregular despliegue a lo largo del territorio.
También ha mostrado su preocupación sobre el aumento de los delitos de odio en las redes sociales y en el campo de la corrupción ha pedido una mayor protección para denunciantes y testigos. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción incrementó sus investigaciones de 609 a 678. Segarra no ha obviado la lucha contra el terrorismo actualmente centrada en el fenómeno yihadista y en investigar los atentados de ETA pendientes de resolver.
