La Fiscalía Anticorrupción quiere que el juez del conocido como caso Dina termine de practicar las diligencias que le solicitó el Tribunal Supremo -como tomar declaración a la afectada Dina Bousselham- para decidir si cabe o no imputar al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en esta pieza del caso Villarejo, la numero 10.
Los fiscales Anticorrupción dan de esta forma respuesta a la petición formulada por una de las acusaciones populares de la causa de imputar a Iglesias en este procedimiento, en el que la Audiencia Nacional investiga las circunstancias en torno al presunto robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham, y el periplo de su tarjeta de memoria, cuya información apareció en poder del excomisario José Villarejo.
Antes del que el juez remitiera la causa al Supremo, la Fiscalía, que fue la que pidió en su día a García Castellón que retirara a Iglesias la condición de perjudicado ante las contradicciones en sus declaraciones, también le reclamó que llamase a declarar a Bousselham para que esta pudiera señalar si decidía emprender acciones legales contra Iglesias o aceptaba su perdón, con lo que ya no se le podría investigar por un delito de descubrimiento o revelación de secretos.
Iglesias ya no está aforado
Ahora, según informan a Efe fuentes fiscales, el criterio de Anticorrupción ante esta petición de imputar a Iglesias al no estar ya aforado, ha sido por tanto que se practiquen las diligencias que pidió el Supremo cuando le devolvió al juez la causa tras rechazar la exposición razonada en la que el magistrado solicitaba investigar a Iglesias.
Entre esas diligencias se encuentra la de tomar declaración a Bousselhamm para saber si denuncia que Pablo Iglesias examinara el 20 de enero de 2016 el contenido de su tarjeta y posteriormente se la guardara o si, por el contrario, el líder de Podemos contaba con su autorización. O incluso, dijo el Supremo, si aunque no estuviese autorizado para hacerlo, Bousselham consiente ahora que lo hiciera.
El tribunal creyó también preciso el testimonio de Bousselham para que aclarase si pudo acceder al contenido de la tarjeta cuando Iglesias se la entregó, dado que ha ofrecido diferentes versiones al respecto, y propuso ampliar una pericial informática para averiguar por qué no se puede acceder a su contenido, cuál fue la técnica empleada para proceder al borrado y si es posible recuperar todos estos datos y conocer la fecha del último acceso.
Al recibir de vuelta la causa y antes de citar a Bousselham, el juez pidió a la Policía ese informe pericial informático sobre la tarjeta del móvil para saber, entre otros aspectos, las causas que impiden acceder a la información que contenía.
Y señaló que "tan pronto como se reciba" dicha diligencia, citaría a los peritos que elaboraron un informe sobre los daños de la tarjeta y a Bousselham.
En su escrito al juez, según las fuentes, la Fiscalía recuerda también el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el que devolvió a Iglesias la condición de perjudicado en el caso Dina que decidió retirarle García Castellón.
La Sala señaló que en el registro de la vivienda del excomisario José Villarejo se halló un dispositivo informático con documentos procedentes del móvil de Bousselham, que después fueron publicados por Ok Diario, y consideró por ello que si en su momento Iglesias fue admitido como perjudicado fue porque se consideró verosímil que el origen de la publicación de esas informaciones estuviera en la organización criminal que presuntamente dirigía Villarejo.
En opinión de la Sala, cuando García Castellón le retiró la condición de perjudicado no había pruebas para sustentar que los hechos se produjeran conforme a alguna de las hipótesis alternativas planteadas por el magistrado, al que advirtió además que no era de su competencia investigar cuestiones ajenas a la causa, como por ejemplo si fue o no Iglesias quien dañó la tarjeta.
