La Fiscalía Europea investiga si se ha cometido delito con unas subvenciones que otorgó el gobierno canario a varios agricultores y que están cofinanciadas por la Unión Europea. El ente abrió diligencias en 2022 a raíz de la denuncia de un funcionario de la Dirección General de Agricultura que alertó de posibles irregularidades con la concesión de estas ayudas, ya que en sus expedientes avisó expresamente de que no reunían los requisitos para recibirlas.

De acuerdo con la documental a la que ha tenido acceso Vozpópuli, los hechos se remontan a 2019, cuando el funcionario acudió a inspeccionar las parcelas de los que se habían acogido a la línea de 'Apoyo para la creación de empresas por jóvenes agricultores'. Tras el correspondiente estudio, valoró negativamente a algunos peticionarios. Así, por ejemplo, de uno de ellos, que responde a las siglas de Ruiman D.M, expuso que no solo no tenía ninguna parcela plantada, sino que su régimen de alta de autónomo (fechado justo en esa época) era de explotación de ganado, siendo su actividad agrícola "insignificante o nula".

Similar conclusión adoptó sobre la peticionaria Virginia F.M, quien se acogió a una prima por Unidad de Trabajo Agrario (UTA) de 9.000 euros. El funcionario plasmó por escrito que el estado de las parcelas (ubicadas en un municipio de Gran Canaria) era "lamentable". En su expediente apuntó a "incumplimientos medioambientales" y dejó patente que la explotación estaba "prácticamente abandonada". Además, solicitó que se trasladara a Inspección de Trabajo el hecho de que tenía a tres personas contratadas y otra jubilada.

"La jefa está dificultando"

Las denuncias no quedaron aquí. En sus expedientes también señaló a otros agricultores, como es el caso de Ramón S.R, quien durante la visita a su explotación le confesó que estaba trabajando para otra empresa por cuenta ajena, lo cual implicaría que tampoco cumplía los requisitos. Del mismo modo valoró negativamente las peticiones de otros autónomos porque no llegaban al rendimiento requerido para concederles la calificación de explotación prioritaria e incluso denunció un caso en el que se habría falsificado un curso sobre residuos.

Quiero expresarle mi preocupación por el retraso de los expedientes. Están paralizados por la jefa que, desde mi punto de vista, en vez de 'engrasar' los trámites entorpece más el trabajoAviso del denunciante al jefe de Servicio de Estructuras Agrarias

Al hilo, explicó que sospechaba que todos ellos habían solicitado esta línea de ayudas a través el departamento de Agricultura, ya que si lo pedían a la Dirección General de Ganadería era "muy probable que no se le concediese", ya que contaba con menos presupuesto. Cabe recordar que el área de ganadería también está bajo el foco de la Justicia, ya que su exdirector, Taishet Fuentes, es primo del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y figura como uno de los imputados en la causa del 'tito Berni'.

Pese a la claridad de sus valoraciones, los expedientes quedaron en un limbo. Así lo advirtió el 23 de octubre de 2019 en una comunicación dirigida al jefe de Servicio de Estructuras Agrarias, Ricardo González. "Quiero expresarle mi preocupación por el retraso que están sufriendo mis expedientes, tanto de jóvenes agricultores como de la línea de Apoyo 2019. Expedientes visados desde el día 8 de agosto que todavía se encuentran paralizados por la jefa de Unidad de Gestión de Estructuras Agrarias, Margarita Cabrera, que desde mi punto de vista en vez de 'engrasar' adecuadamente los trámites, va entorpeciendo y dificultando cada vez más la eficiencia en el trabajo", expuso.

Lo sabía el director de Agricultura

Además, en sus denuncias apuntó que Cabrera, a quien iban dirigidos todos los expedientes, anotó en lápiz que uno de ellos era válido. Según denuncia, corrigió su criterio y escribió a mano la palabra "cumple". Por todo ello, en 2020 decidió ponerlo en conocimiento de la Consejería de Agricultura aunque, en vista de que no reaccionaron a sus advertencias, terminó acudiendo a la Oficina Europa de Lucha contra el fraude (OLAF), la Guardia Civil, la Fiscalía y, en último lugar la Fiscalía Europea, que ha sido el único ente que ha abierto una investigación por este asunto.

La primera advertencia la envió el 11 de febrero de 2020 a la Secretaría General Técnica. En la documentación elevada a sus superiores expuso que se habían cometido "una serie de irregularidades a sabiendas" en las que se habían certificado primas y autorizado subvenciones pese a su informe negativo. Al respecto, advirtió que en algunos expedientes se habían realizado "segundas inspecciones" por personal laboral de la propia Consejería que buscarían desacreditar su versión. El denunciante aportó toda la información al órgano después de que la responsable de este departamento, Bienvenida Reyes Ojeda, así se lo solicitara.

Sin embargo, la ausencia de respuesta hizo que se dirigiera en julio de ese año a la OLAF, órgano que investiga el fraude en presupuestos de la Unión Europea. De nuevo aquí el técnico advirtió de las presuntas irregularidades e hizo expresa mención al hecho de que también se había informado por escrito al director general de Agricultura, José Basilio Pérez Rodríguez.

Denuncias ignoradas

En el documento explicó que desde la jefatura del Servicio de Estructuras Agrarias se intentó que se aprobasen la mayor cantidad de estas ayudas. Al respecto, expuso que se vetó en parte el trabajo de los técnicos de campo y que prácticamente la totalidad de los planes empresariales en la provincia de Las Palmas fueron realizados por Antonio Valentín Brito, de quien dice que es "amigo" del anterior director General de Agricultura, César Martín. "Muchas veces todo era copiar y pegar al voleo hasta que los valores fuesen los exigidos" por la Orden de 15 de septiembre de 2016 por la que se aprobaron las ayudas.

La ausencia de respuesta le llevó a interponer una tercera denuncia, esta vez ante la Guardia Civil. En su escrito, con fecha de agosto de 2020, además de adjuntar todos los expedientes sospechosos, advirtió que se habría hecho la vista gorda en algunos casos para concederles estas ayudas que están financiadas en un 85% por la Unión Europea. Hubo incluso peticionarios que cambiaron su vida laboral en el último momento sin justificar los motivos.

Finalmente, la Fiscalía Europea accedió el año pasado a incoar diligencias por estos hechos. En noviembre se dirigió al funcionario y le requirió que aportase toda la documentación relativa a estas presuntas irregularidades con las subvenciones europeas. Con todo, no es el único asunto que se ha remitido a este órgano, ya que él mismo informó también de que se habrían cometido irregularidades en la convocatoria de 2020, ya que se habría inflado el coste unitario de los goteros que se emplean en el riesgo de invernaderos. Un asunto que la Fiscalía Europea declinó investigar.

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