Las fiscales de Anticorrupción que investigan el 'caso Púnica', Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, han logrado acorralar al exconsejero de OHL Javier López Madrid, yerno el propietario de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, al mostrar un correo electrónico interceptado por la UCO de la Guardia Civil en el que según su interpretación se aludía al cobro de 1,2 millones de euros de la firma Obrum, aseguran a Vozpópuli fuentes presentes en la declaración celebrada la tarde del martes en la Audiencia Nacional.
De esta forma, las fiscales han desmontado la estrategia de López Madrid, que durante una hora y 33 minutos había tratado de convencer al magistrado que instruye el procedimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, de que el dinero que recibió del arrepentido David Marjaliza no era una mordida, sino que se trataría de sus honorarios por labores de consultoría.
López Madrid precisó que las facturas que entregó Marjaliza corresponden a actividades reales de asesoramiento inmobiliario en la localidad alemana de Dusseldorf, además de Parla y Valdemoro.
En una declaración previa, Marjaliza declaró haberse repartido 3,6 millones con López Madrid y el exconsejero madrileño Francisco Granados, a partes iguales (1,2 millones para cada uno). Y que para ello había utilizado una de sus sociedades, en concreto Vancouver Gestión, que previamente había recibido más de 5 millones de euros de Obrum.
Sin embargo, el correo electrónico mostrado por las fiscales muestra cómo la empleada C.N se dirige a López Madrid para recordarle el ingreso de 1,2 millones de euros de Obrum, y no de Vancouver Gestión, de David Marjaliza, y que fue la firma que finalmente realizó el pago.
Las fiscales consideran que el dinero al que alude la empleada de López Madrid en su correo es de una operación ya realizada, mientras que la interpretación del exconsejero de OHL fue, confirman a Vozpópuli otras fuentes presentes en la declaración, que el mensaje se refiere a una operación futura que no llegó a realizarse.
"Importantes comisiones"
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea, explicó en un auto que Granados, "abusando de su posición" en el Gobierno madrileño, garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum, a cambio del pago de "importantes comisiones".
En dicho concierto habría participado, según la resolución, López Madrid que aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que Obrum pudiese presentarse a los concursos presuntamente amañados.
De esta forma, el mencionado correo confirmaría la declaración de Marjaliza, que había reconocido ante el juez García-Castellón que los 3,6 millones que su firma Vancouver Gestión había repartido con López Madrid y Granados los había recibido previamente de Obrum.
El magistrado había citado a declarar a López Madrid junto a su suegro, el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, y a otras tres personas más después de que Marjaliza le informara del amaño en la adjudicación de contratos públicos en 2004, año en que Francisco Granados estaba al frente de la Consejería de Transportes.
Se refirió en concreto a las obras en Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro S, informa Europa Press.
Comisiones al PP
Por su parte, Villar Mir rechazó haber pagado comisiones al PP de Esperanza Aguirre. La Fiscalía sospecha que donó dinero al PP madrileño, de acuerdo con varias anotaciones que aparecieron en la agenda intervenida a Granados. Según han informado fuentes presentes en las declaraciones, las fiscales han enseñado a Villar Mir esa agenda de Granados y el imputado ha negado haber donado 1,4 millones.
El ex consejero delegado de la empresa del Metro de Madrid (Mintra) Jesús Trabada, no compareció ante el juez tras reclamar la suspensión de su citación. Según reconoció el propio Trabada en el 'caso Lezo', el 28 de diciembre de 2011 constituyó la empresa Bustren, que se capitalizó presuntamente con dinero de procedencia ilícita aportado por él mismo (1.000 euros), por López Madrid (8.000 euros) y por Ignacio Palacios, considerado el presunto testaferro de Granados.
Trabada fue uno de los responsables de adjudicar las obras a Obrum, pero también de paralizar el expediente contra OHL por no hacer la línea de tren entre Móstoles y Navalcarnero, por las que presuntamente Ignacio González había pactado una comisión de 1,4 millones.
La versión de OHL
En un comunicado enviado este martes con motivo de las declaraciones, OHL afirmó que "mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado del Grupo (que incluye a OHL S.A. y a todas sus filiales) ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción".
"El Consejo de Administración de OHL trabaja para asegurar que todos los empleados y directivos del Grupo OHL cumplan siempre, no sólo con la legislación aplicable y con las más exigentes prácticas de buen gobierno corporativo, sino también con su código ético y su política anticorrupción", añadió.
También defendió que todos los procesos de adjudicación a OHL "han sido ejecutados con la máxima transparencia, de acuerdo a la ley y a las mejores prácticas de gobierno corporativo, estando exentos de cualquier irregularidad".
OHL destacó que no le consta que se haya dirigido "acusación formal" contra ningún empleado, directivo o consejero actual del grupo, ni tampoco contra ninguna empresa integrante del mismo.
