El Consejo Fiscal ha emitido un duro informe contra la nueva ley de secretos oficiales (Ley de Información Clasificada) en el que cuestiona los futuros parámetros para clasificar información reservada. La Fiscalía explica que con esta nueva norma que aprobó el Ejecutivo se abre la puerta a la "impunidad" al posibilitar que desaparezca "o se pierda" mucha información relacionada con actividades delictivas. Además, alerta del "intenso peligro" de que las autoridades oculten información clave.

Así se recoge en un durísimo informe elaborado por la Sección de lo Contencioso de la Fiscalía del Tribunal Supremo y que acaba de aprobar el Consejo Fiscal. El documento, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso Vozpópuli, avisa a lo largo de cerca de 60 páginas de los peligros en los que incurre el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que aprobó el Gobierno el pasado verano y que viene a sustituir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

El informe, elaborado por el fiscal de Sala Jefe de lo Contencioso del TS, Jesús Tirado, argumenta que la clasificación de una información solo puede servir para proteger la seguridad del Estado "por el tiempo estrictamente necesario y de manera proporcional". Frente a este criterio, entiende que los plazos de desclasificación de la nueva ley son "excesivamente rígidos, amplios y faltos de proporción".

Control de las autoridades

Además, alerta de que este cambio es especialmente grave ya que posibilitan que las responsabilidades penales (incluso por delitos de extrema gravedad) acaben resultando inexigibles. "Las limitaciones a la prohibición de destrucción y la eliminación de la información complementaria facilitan la impunidad al posibilitar que desaparezca o se pierda mucha información sobre la génesis de actividades delictivas. La posibilidad de clasificación retroactiva y reclasificación contribuye en la misma dirección", añade.

Concurre un intenso peligro de que florezcan divergencias aplicativas o incluso de que se oculte información entre autoridades allí donde resulte posible

El informe respaldado por el Consejo Fiscal incide en que "merece una desaprobación significativa" el hecho de que un elevado número de autoridades tenga competencia para ocultar información a la ciudadanía. "Concurre un intenso peligro de que florezcan divergencias aplicativas y en determinados casos se dé lugar a situaciones de indeterminación, descoordinación, dilución de responsabilidades o incluso a prácticas de ocultación de información entre autoridades allí donde resulte posible", advierte.

Del mismo modo avisa de que esta concesión a las autonomías plantea "dudas" sobre el nivel de actuación de los "agentes" de dichas autonomías, como pueden ser los Mossos o la Ertzaintza. Fiscalía interpreta que la nueva ley puede provocar situaciones en la que se den intereses contrapuestos entre la protección del Estado y de las autonomías. Por ello advierte que las comunidades pueden manejar información que afecte al país y que la terminen clasificando "dando carta de naturaleza para sus agentes a un régimen similar al del CNI".

El documento incide en que desde su creación la competencia por el control de la información clasificada ha sido "exclusiva" del Estado y que la nueva regulación, que se abre al control de las autoridades autonómicas, suscita "problemas adicionales de colisión".

Además la Fiscalía advierte de que el nuevo texto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez no se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ni a las previsiones del Convenio de Tromso sobre acceso a documentos oficiales, el cual está pendiente de ratificación por España. "El régimen que instauraría el anteproyecto de Ley sería de peor condición que el previsto en el convenio paneuropeo", avisa.

Trabas a los ciudadanos

A mayores, el documento que proviene de la Fiscalía del Tribunal Supremo considera que el anteproyecto tampoco facilita el acceso de los ciudadanos a esta información. Al contrario, sostiene que "regula insuficientemente" este derecho de la población y tampoco contempla un régimen específico para actuar cuando se le deniegue la petición.

Po todo ello, concluye que el anteproyecto tiene un "enorme margen de mejora" y recomienda una serie de adecuaciones, siendo la prioritaria adaptar el anteproyecto a la jurisprudencia del TEDH y del Convenio de Tromso. También asegurar el respeto del principio de proporcionalidad.

Para ello solicita que las propuestas de clasificación de información vayan aparejadas de una motivación "específica y reforzada". Otro de los cambios que propone Fiscalía es el de reducir la duración máxima de los plazos para las categorías de alto secreto y secreto y circunscribir únicamente al Estado la facultad de ocultar las informaciones sensibles.

El documento elaborado por el fiscal de Sala Jefe de lo Contencioso del Supremo fue uno de los dos que se estudió en el Consejo Fiscal. El otro que se presentó lo elaboró la Secretaría Técnica (el órgano de apoyo del fiscal general). Este segundo documento, menos crítico con la medida del Gobierno, no terminó saliendo adelante por falta de apoyos, según informan a este medio fuentes fiscales.

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