La Fiscalía anticorrupción ha dado por finalizada este martes su investigación de las piezas separadas denominadas Iron y Land dentro de la macrocausa denominada Tándem. Ha anunciado su intención de acusar al comisario jubilado José Manuel Villarejo de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, según una nota difundida a los medios de comunicación. Y esta petición, sobre la que tendrá que decidir el juez Manuel García Castellón, se convierte en un primer paso para evitar que el excomisario salga de prisión antes de ser juzgado en la Audiencia Nacional.
En noviembre de 2019 el magistrado que instruye el caso sobre el excomisario acordó, tras reclamarlo el ministerio público, prorrogar otros dos años, -hasta noviembre de 2021-, la prisión preventiva a Villarejo, que ingresó por primera vez en la cárcel en noviembre de 2017.
Como un preso no puede permanecer de forma preventiva más de cuatro años, el límite para que se juzguen los delitos presuntamente cometidos por Villarejo dentro de la causa Tándem es noviembre de 2021. Una fecha que da tiempo suficiente para que se celebren los juicios por las mencionadas piezas separadas Iron y Land, cuya investigación acaba de finalizar el Ministerio Fiscal.
Audiencia Nacional
Y más si cabe cuando esos dos juicios se celebrarían con un preso preventivo, que es la situación que tiene ahora el comisario José Manuel Villarejo, lo que daría prioridad a su enjuiciamiento en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En una nota de prensa, anticorrupción destaca que la formación de piezas separadas impulsada por el Ministerio Fiscal desde el inicio de la instrucción y acordada por el juez "va a permitir en esta causa de extraordinaria complejidad, incluso con anterioridad al agotamiento de sus plazos, el pronto enjuiciamiento por muy diversos delitos de los principales miembros de la presunta organización criminal", cuyo líder sería Villarejo.
Además, el excomisario tiene pendientes otros dos juicios, por los que la Fiscalía solicita cuatro y dos años de cárcel, respectivamente. En el primero, el ministerio público le acusa de haber grabado y difundido una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativa a la causa del Pequeño Nicolás. En el segundo, la Fiscalía considera que el excomisario realizó una denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán.
Sin embargo, no es seguro que Villarejo vaya a ser condenado en ambos casos a más de cuatro años de cárcel, y que las sentencias y los posteriores recursos sean firmes antes de noviembre de 2021, fecha límite para la prisión provisional. Por eso estas dos nuevas causas, Iron y Land, acrecientan las posibilidades de Villarejo de evitar que salga de prisión.
Piezas separadas
Anticorrupción decidió investigar el caso Villarejo creando piezas separadas a semejanza de otras macrocausas de corrupción como Gürtel, Púnica o Lezo. La jurisprudencia, según resaltan los diferentes jueces de instrucción, demuestran que esta forma de investigar permite acelerar las pesquisas, y así evitar dilaciones indebidas que perjudican a los imputados. Fuentes de la investigación informaron a este periódico que su estrategia desde el principio era poder sentar en el banquillo al excomisario por alguna de estas piezas abiertas y seguir investigando las más de 20 tramas de la macrocausa.
Este sería el caso de tres policías, según adelanta ABC, que fueron llamados a declarar como investigados por facilitar datos policiales al clan de Villarejo, Sin embargo, y tras investigar los hechos concretos por el que fueron imputados en la pieza separada Iron, anticorrupción recalca que no está probado que estos agentes "recibieran dádivas" o que supieran "la finalidad ilícita" de las consultas que realizaron a las bases de datos a petición de los integrantes del clan policial mafioso liderado por Villarejo.
Proyecto 'Iron'
En la pieza separada número dos o Proyecto Iron, los fiscales pretenden formular una acusación contra 14 investigados, encabezados por Villarejo y su socio Rafael Redondo, además de contra el bufete de abogados Herrero y Asociados como persona jurídica. Todos se enfrentarán a penas por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
En Iron se investiga el supuesto encargo del mencionado despacho al excomisario para investigar a un bufete rival -Balder IP Law-. Tal y como adelantó Vozpópuli, Villarejo anunció a sus clientes de Herrero y Asociados su intención de promover un registro policial contra sus competidores, según consta en una grabación realizada el 10 de octubre de 2013, que fue requisada por Asuntos Internos de la Policía.
Para obtener información policial, Villarejo realizó presuntamente pagos a funcionarios públicos entre los que según Anticorrupción se encontraba el excomisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, alias El Gordo, el inspector Constancio Riaño, el subinspector Javier Fernández Perez y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro, según informa ABC.
Proyecto 'Land'
En la pieza separada número 3, conocida como Proyecto Land, anticorrupción dirigirá la acusación contra un total de siete investigados, entre ellos la empresaria Susana García Cereceda, por espiar a su hermana; el empresario Francisco Peñalver y el jefe de Seguridad de Procisa, David Fernández.
La Fiscalía también anuncia que acusará a tres personas jurídicas: La Finca Global Assets (oficinas); La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios (residencial) y La Finca Somosaguas Golf. Estas firmas son las herederas de la constructora Procisa, que habría pagado a Villarejo 340.000 euros por hacer trabajos parapoliciales. En este caso la acusación será por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
