La infanta Cristina deberá declarar como testigo en el juicio del caso Nóos en caso de que la Audiencia Provincial de Baleares archive este viernes su imputación en la causa, puesto que la Fiscalía Anticorrupción la incluirá, junto a otros diez responsables civiles, en el escrito de calificación que presentará en próximos días con las penas que solicitará para cada uno de los acusados que se sentarán en el banquillo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El Ministerio Público reclamará además para ella una fianza de responsabilidad civil de más de 500.000 euros, a la que deberá hacer frente de forma conjunta y solidaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, por haberse lucrado de parte de los fondos que éste habría defraudado a través de su sociedad inmobiliaria Aizoon -de la que son socios al 50%-, y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.
El fiscal cree que la infanta sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados
El fiscal Pedro Horrach, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Infanta en esta supuesta trama de desvío de fondos públicos, sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados en el seno del entramado empresarial urdido por su esposo. Para reclamar la fianza, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
Para reclamar la fianza, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
Se da la circunstancia de que en Baleares se han producido casos similares a éste. Tal es el caso del PP, que fue condenado en el conocido como caso Scala como responsable civil a título lucrativo al pago de un total de 10.585 euros, cantidad que la formación desvió del Consorcio de Desarrollo Económico de las islas (CDEIB) -dependiente del Govern- al transporte de seis toneladas de folletos publicitarios para la campaña electoral de la formación en Ibiza y Formentera de 2007.
Asimismo, Francisca Moll, esposa del exgerente de la Funeraria municipal de Palma Oscar Collado, fue condenada a título lucrativo a pagar 20.000 euros por haberse beneficiado del enriquecimiento ilícito de su marido a través de una trama de comisiones y desvíos a través de la compraventa de tumbas y ataúdes, a pesar de que desconocía el origen ilegal del dinero.
