España

Granados entrega al juez facturas por 150.000 euros que financiaron al PP de Aguirre

El ex secretario general del PP madrileño declara que el exconsejero de Justicia Alfredo Prada otorgó en 2007 un contrato a la empresa GINSO, que habría financiado con parte del dinero recibido la publicidad para Esperanza Aguirre

  • El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

A la cuarta declaración voluntaria, y dos días después de desdecirse en el Congreso de los Diputados sobre la financiación ilegal del PP, el ex secretario general de esta formación en Madrid y exconsejero de Presidencia de la Comunidad madrileña, Francisco Granados, ha aportado unas facturas, presuntamente falsas, que implicarían al Gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la caja B de este partido, según han confirmado a Vozpópuli fuentes presentes en la declaración celebrada este jueves por tarde en la Audiencia Nacional.

Las facturas, que ya tiene en su poder el juez García-Castellón, serían del año 2007 y por una suma total de 150.000 euros, según publicó ya en 2012 el diario digital Extraconfidencial.com.

De ser cierta esta información entregada por Granados, la investigación podría protagonizar un nuevo impulso, ya que apuntaría de forma directa al exconsejero madrileño de Justicia entre 2003 y 2008, Alfredo Prada; al ex director de Telemadrid Álvaro Renedo, que entonces era "muy amigo" de Esperanza Aguirre, (según especificó Granados); y el experiodista de la cadena pública madrileña Germán Yanke, fallecido hace unos meses.

Ante el juez, Granados explicó al juez que tras suceder a Prada como responsable del área de Justicia en la Comunidad de Madrid, se encontró con estas facturas, que desde entonces tenía en su casa. Y que tras encontrarlas recientemente en casa le extrañan los conceptos que recogen, vinculados a trabajos sobre menores delincuentes en la Unión Europea.

Publicidad electoral

Por eso Granados cree que en realidad con ese dinero se pagaron gastos de publicidad electoral, es decir, la campaña de refuerzo de Esperanza Aguirre.

La información del Extraconfidencial.com aporta más datos sobre las facturas entregadas por Granados. Como por ejemplo que el 12 de febrero de 2007 Álvaro Renedo, como representante de la sociedad Inver-Eleto S.L., firmó un contrato con la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), por el que contrataba los servicios de la sociedad para la realización de un “completo estudio del nivel y tasas de la delincuencia de la Unión Europea en comparación a la situación en la Comunidad de Madrid” por 48.000 euros sin IVA.

El 26 de octubre de ese mismo año, siempre según la información de este diario digital publicada en 2012, se firmó otro contrato entre GINSO e Inver-Eleto SL, en este caso, para un “estudio de los niveles de reinserción laboral” por 19.000 euros, con un contrato también firmado por Álvaro Renedo.

“Experiencia profesional”

El tercero de los contratos, de 45.000 euros más IVA, lo rubricó el 19 de julio de 2007 Germán Yanke como representante de Fain Viejo, y por el que esta sociedad del experiodista de Telemadrid aportaba a GINSO su “experiencia profesional y un elenco cualificado de especialistas”. En este caso el estudio versaba sobre “las medidas de internamiento judicial y la edad de los menores en el ámbito de la Unión Europea”.

El 26 de noviembre, Fain Viejo SL facturaba otros 38.000 euros por un nuevo trabajo sobre “modelos empresariales en el ámbito de la Unión Europea vinculados a la reinserción social de menores en régimen de internamiento judicial”.

Centro de Menores

De forma paralela, en 2007 GINSA fue objeto por parte de la Consejería de Justicia de Prada de un contrato de ampliación del Centro de Menores de Brea del Tajo, lo que supuso una importante inyección económica para esta empresa, que según la versión de Granados habría financiado de esta forma una parte de la campaña electoral de Esperanza Aguirre.

Durante la declaración, el abogado de Granados se ha quejado ante el juez de un informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil en el que se refleja que su defendido tenía el cargo de consejero cuando ya no lo ostentaba, por lo que ha anunciado una nueva querella (la primera fue archivada) contra los agentes que le investigan.

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