Sólo 24 horas. Ese es el corto espacio de tiempo que ha pasado entre que salieran a la luz la confesión de David Marjaliza y que el principal damnificado por sus revelaciones pida la "inmediata puesta en libertad". Francisco Granados ha entregado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito por el que vuelve a solicitar al juez instructor del 'caso Púnica', Eloy Velasco su excarcelación. El que fuera 'número 2' de Esperanza Aguirre en el PP madrileño insiste en que no hay riesgo de fuga porque "es ciudadano español" y tiene arraigo en nuestro país, además de que la posibilidad de que destruya pruebas o reincida en la actividad delictiva de que se le acusa es nula porque "parece poco probable" que vuelva "a ocupar el puesto como funcionario público". En las ocasiones anteriores en las que pidió también su libertad, ésta fue rechazado con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción pese a que el ex senador incluso propuso llevar un pulsera de control telemático. En esta ocasión no plantea esta posibilidad.
El escrito de su abogado defensor, de poco más de tres folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, destaca que el pasado 7 de mayo el magistrado acordó el levantamiento parcial del secreto de sumario y que, a la vista de ello, "no concurren las causas que motivaron el ingreso en prisión incondicional" de su cliente, por lo que solicita "su inmediata puesta en libertad o, alternativamente, la imposición de una medida menos gravosa que la prisión preventiva". Para ello, alega que ya no existe riesgo de fuga ya que "como se ha explicado en anteriores escritos, el señor Granados es ciudadano español, residente en Valdemoro, donde vive con su mujer y sus hijas". "Por este motivo -continúa el escrito-, el arraigo en España se muestra como plenamente acreditado".
Tres años de investigación
El abogado del político también considera que "no existe riesgo de reiteración delictiva". Para ello, destaca que los delitos que "suspuestamente" se le imputan "se habrían cometido aprovechando su posición como funcionario público". "A estas alturas, parece poco probable que el señor Granados pueda volver a ocupar un puesto como funcionario público". Finalmente, incide en que tampoco puede destruír ningún tipo de prueba. En este sentido, recalca que la investigación se inició en el año 2013 y que está judicializada desde 2014, "por lo que entiende esta defensa que difícilmente el señor Granados va a poder interrumpir el curso de la investigación casi tres años después de que se iniciasen".
Por todo ello, reclama la puesta en libertad del político sin fianza o, en su defecto, de una medida económica "como le fue impuesta en su momento tanto al señor Moreno [Jesús Moreno Torres, su sucesor en la alcaldía de Valdemoro] como al señor Marjaliza". El primero eludió el ingreso en prisión tras su imputación tras abonar una fianza de 100.000 euros. El segundo abandonó la prisión el pasado mes de diciembre, tras seis meses de colaboración con la Justicia y consignar en el Juzgado la misma cantidad.
