La Fiscalía de Las Palmas ha informado este miércoles de que aprecia indicios de la comisión de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por parte del juez Salvador Alba en la conversación que mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez sobre sus relaciones comerciales con la pareja de la magistrada Victoria Rosell.
Alba sustituyó a Rosell como titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas después de que esta juez pidiera una excedencia para concurrir con Podemos en las elecciones del 20D, de las que resultó elegida como diputada y se encargó de redactar el informe que solicitó el Tribunal Supremo respecto a su desempeño profesional en la causa por fraude fiscal que se sigue contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. Tras disolverse las Cortes con la convocatoria de nuevas elecciones, Rosell pidió recuperar su plaza, que ocupa de forma interina Carla Vallejo.
Alba podría haber orientado el testimonio de Ramírez
En ese informe, Alba adjuntó una declaración de Ramírez en la que este reconocía que desde hace varios años ha financiado algunos de los negocios de comunicación dirigidos por el periodista Carlos Sosa, pareja de la juez Rosell, quien inició la investigación del empresario en 2014. Esa declaración de Ramírez sirvió de base, junto con otros indicios aportados por Alba, para que el Supremo decidiese aceptar la querella presentada contra la diputada de Podemos por el exministro José Manuel Soria y que finalmente admitió con relación a posibles delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso de un procedimiento.
La semana pasada se dio a conocer la grabación que Miguel Ángel Ramírez aportó al Juzgado número 8, una vez que Salvador Alba dejó de prestar servicios en este órgano y, supuestamente, podría revelar que el magistrado sugirió al empresario lo que tenía que decir en su declaración oficial para que él pudiera recabar indicios contra Victoria Rosell, a cambio de buscar razones para una posible nulidad de su caso por fraude fiscal.
Traslado de las diligencias al TSJC
El ministerio fiscal, solicita al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que traslade al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) las diligencias abiertas después de que Ramírez aportara una grabación de esa conversación con el magistrado Alba. Esa grabación podría sugerir que Alba orientó el testimonio que días más tarde prestó ante él Ramírez para perjudicar a Victoria Rosell -diputada de Podemos la última legislatura- y facilitar la admisión de la querella que había interpuesto contra ella el exministro José Manuel Soria ante el Tribunal Supremo, aunque el propio Alba ha denunciado que está manipulada.
La Fiscalía pide al Juzgado que eleve una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que es la competente para investigar los presuntos delitos cometidos por jueces y magistrados de la comunidad autónoma. La magistrada Carla VallejO, había solicitado a la Fiscalía que informara sobre si consideraba que el magistrado cometió o no algún tipo de delito en sus indagaciones a su antecesora en ese órgano.
