Francisco Granados tiene un cita clave para su futuro judicial el próximo 5 de octubre. Ese día, a las diez de la mañana, será trasladado desde la cárcel de Estremera (Madrid) donde permanece ingresado desde que fue detenido para que comparezca ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Eloy Velasco. El magistrado del 'caso Púnica' lo ha convocado, precisamente, para decidir si prorroga hasta dos años más la situación de prisión provisional en la que el ex dirigente del PP madrileño está desde que fue arrestado el 27 de octubre de 2014 o accede a dejarle en libertad, como el político viene reclamando. Hasta ahora la Audiencia Nacional ha rechazado hasta en cuatro ocasiones su excarcelación por riesgo de fuga con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.
A finales de octubre el político cumplirá los dos años de prisión provisional que fija la ley. El juez decidirá si prorroga la medida hasta dos años más por la gravedad de los delitos
La decisión del juez Velasco, recogida en una providencia fechada este lunes y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se produce en aplicación de los artículos 505 y 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que son los que determinan los tiempos máximos de prisión provisional y los mecanismos y plazos de su prórroga. Para la primera, la ley fija un máximo de 2 años de cárcel en los casos, como ocurre con Granados, que el delito del que se le acusa tuviera una pena superior a los tres años de prisión. La ley también recoge que, cumplido ese plazo, algo que en el caso de Granados ocurrirá a finales de octubre, el magistrado instructor puede acordar "una sóla prórroga de hasta dos años" si persisten el riesgo de fuga, de destrucción de prueba o de reiteración delictiva que determinaron su encarcelamiento.
Cuatro solcitudes de libertad
Hasta ahora, Granados ha solicitado en cuatro ocaciones su puesta en libertad. De hecho, nada más ser arrestado se acogió a la figura del 'habeas corpus' tras alegar que su situación era entonces ilegal ya que consideraba que había pasado detenido más de las 72 horas máximas que fija la ley antes de pasar a disposición judicial. La Justicia rechazó sus pretensiones de plano como en estos casi dos años ha hecho con las diversas solicitudes de libertad que ha cursado. La última vez, el pasado mes de julio después de que un mes antes, en plena polémica política tras levantarse el secreto sobre la confesión de su amigo David Marjaliza, la hubiera pedido alegando que no había riesgo de fuga porque "es ciudadano español" y tiene arraigo en nuestro país. Entonces, el político destacaba en su escrito que la posibilidad de que destruyera pruebas o que reincidiera en la actividad delictiva de que se le acusaba era nula porque parecía "poco probable" que volviera "a ocupar el puesto como funcionario público".
La Justicia ya rechazó en julio ponerle en libertad al considerar que el político se valió de sus cargos para crear una "cadena de deleznables favores"
Dichos argumentos fueron rechazados por la Fiscalía Anticorrupción, el juez Eloy Velasco y, más adelante, por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en un duro auto destacaba que Granados se valió de sus cargos para crear una "cadena de deleznable de favores" dedicada a obtener "cuantiosos beneficios", fomentando así "detestables actitudes corruptas". En dicho escrito, los magistrados recordaban que contra el político había "graves indicios" de que cometió delitos de integración en organización criminal, fiscales, blanqueo, falsificación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación por su papel en la trama, todo ellos castigados con penas elevadas. Ahora el juez Velasco decidirá el próximo 5 de octubre si le prorroga hasta dos años más la prisión para el única imputado de la Púnica que permanece entre rejas.
