"Una modificación que beneficia a los violentos y ata de pies y manos a los policías y guardias civiles". Por este, y por más, motivos, los representantes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han decidido dar un paso al frente y luchar en un frente común para que no se lleve a cabo la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Los funcionarios apuran las últimas opciones de ser escuchados por el Gobierno de Pedro Sánchez en una reforma que fue pactada con EH Bildu. En la anterior legislatura no salió adelante gracias a la presión en las calles y en las instituciones. Un escenario que esperan que se repita y lucharán por ello.
Los sindicatos y las asociaciones han creado un frente común representado por más de una treintena de colectivos. "Una reforma legislativa hecha por borrokas para borrokas", denuncian fuentes policiales a Vozpópuli. Esperan que la presión en las calles surta el mismo efecto que las manifestaciones que inundaron España durante la anterior legislatura y acabaron doblegando la voluntad del Gobierno.
"La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana solo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dinamitando el principio de autoridad de los policías. Esta derogación no mejorará el bienestar social, tampoco generará confianza en la seguridad ciudadana y ataca directamente a nuestra convivencia cívica, mientras da la espalda a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional", denuncian estas mismas fuentes.
Una primera muestra de poder será el miércoles 6 de noviembre frente al Congreso de los Diputados. Una protesta, que se espera multitudinaria, que reunirá a 18 sindicatos y asociaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales. No estarán solos. La concentración ha sido convocada por la Plataforma contra la Inseguridad Ciudadana. La lista de agrupaciones que se han unido es demoledora.
Un catálogo como la asociación de policías y guardias civiles, JUSAPOL; el sindicato profesional de la Ertzaintza, Si.P.E; el sindicato de funcionarios públicos, CSIF; la asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL; los sindicatos de la Policía Nacional, JUPOL, UFP, CEP y ASP; la agrupación de policía foral APF; la asociación H50; la asociación de profesionales de la seguridad, Politeia; la asociación Policía S. XXI y los sindicatos de Policía Local, SIPLG, USPLBE, P.L.A., C.P.P.M, A.P.L.B. y A.S.I.P.A.L. de Canarias. Se espera que en los próximos días días se irán sumando más sindicatos.
Un cambio para imposibilitar el trabajo policia
Desde la plataforma se ha aseverado que con esta derogación “los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades”. “Esta derogación no mejorará el bienestar social, tampoco generará confianza en la seguridad ciudadana y ataca directamente a nuestra convivencia cívica”, afirmó Aarón Rivero.
En la actualidad, uno de los problemas actuales es el "incremento de las agresiones a policías y a una peligrosa judicialización de la labor de los agentes con una falta total de respaldo por parte del Gobierno de España". La plataforma ha criticado que se derogue esta Ley “mientras da la espalda a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional en materia salarial, la Equiparación con las policías autonómicas, las jubilaciones y las dietas; la jornada laboral o el Derecho a Huelga entre otras”.
La plataforma asegura que “las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de Seguridad Ciudadana perjudicarán directamente la eficacia policial, con la consiguiente desprotección de la sociedad". Y añade que las reformas propuestas “van en dirección contraria a las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para afrontar con garantías los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos: delincuencia de alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica”.
Esta modificación supone un "misil en la línea de flotación del principio de autoridad de la Policía". Así de tajantes se muestraron los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles al ser preguntados por el acuerdo del Gobierno con Bildu para reformar la llamada 'ley mordaza'. Los funcionarios consideran que es un grave error estas nuevas medidas que supondrán "más heridos y lesionados en las manifestaciones" por la eliminación de las pelota de goma.
La dimisión de Marlaska
Todos coinciden en asegura que es un "tiro en el pie" y que estas modificaciones "limitan el trabajo policial". El sindicato CEP ha solicitado la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska quien no puede "continuar ni un minuto más al frente de este departamento". Cabe recordar que el PSOE votó en contra de esta Ley de Seguridad Ciudadana, prometió derogarla cuando llegaran al poder y nueve años después no han sido capaces de abordarla.
En todo este tiempo se han producido muchos 'amagos' para modificar la normativa que no han sido formalizados. Yolanda Díaz anunció un acuerdo para cambiarla pero al final solo te reformuló el apartado en que se detalla la toma y difusión de imagenes de las actuaciones policiales por parte de los medios de comunicación. Un epígrafe que fue declarado inconstitucional por los jueces.
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