El Gobierno remitió recientemente a la Fiscalía Anticorrupción un total de 23 operaciones irregulares detectadas en sólo dos de las cajas rescatadas por el Estado. En esos expedientes figuraban 16 operaciones relativas a Catalunya Banc y 7 a la antigua Novacaixagalicia, realizadas en su mayoría entre 2005 y 2008. El Ejecutivo estimaba ya entonces que los perjuicios económicos ocasionados ascendían a 900 millones de euros en el caso de Catalunya Banc y a otros 600 en el de Novacaixagalicia.
Ahora, la Audiencia Nacional ha decidido abrir juicio oral a partir del 18 de mayo a 5 exdirectivos de Novacaixagalicia que pactaron para indemnizaciones millonarias después de hundir su caja. Falta por fijar la fecha para los exdirectivos de Catalunya Banc, la banca hundida bajo la presidencia del exministro Narciso Serra.
Serra, el hombre que se dobló el sueldo mientras Catalunya Banc se hundía bajo su presidencia
Precisamente, sobre esta última entidad el Estado perdió más de 11.400 millones con su privatización tras ser ‘rescatada’. Falta por fijar el juicio contra sus exdirectivos, pero en las investigaciones se tiene muy en cuenta que Serra se dobló el sueldo mientras Catalunya Banc se hundía bajo su presidencia.
En todo caso, según la documentación remitida por el Gobierno al Congreso de los Diputados, el Ejecutivo, a través de la Comisión Rectora del FROB, acordó en su sesión del 17 de octubre pasado el envío de otras 23 operaciones irregulares a la Fiscalía Anticorrupción, entre las que se encontraban precisamente las de Novacaixagalicia que serán juzgadas por la Audiencia Nacional el próximo mes de mayo y que, según el Gobierno, originaron un daño económico de 600 millones de euros.
Las cajas estaban hundidas a principios de 2012
En esos documentos, a los que Vozpópuli ha tenido acceso, el Gobierno de Rajoy reconoce que a principios de 2012 una parte sustancial del sistema financiero español “estaba en graves dificultades con evidentes riesgos para la economía española y para los propios depositantes”. Y una de las cajas de mayor riesgo era la actual Bankia.
El Gobierno dice ahora que, vista la situación, ordenó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) velar por el “resarcimiento del posible daño” causado por las operaciones ejecutadas por antiguos gestores de dichas entidades de una forma no ajustada a las normas, persiguiendo con ello la “minimización del coste” para el erario público.
Revisadas múltiples operaciones que hubieran tenido un gran impacto patrimonial y con indicios de irregularidad
En este sentido, en el documento se recuerda que el 9 de mayo de 2013 la Comisión Rectora del FROB aprobó la puesta en marcha de un protocolo de actuación previo al ejercicio de acciones judiciales, mediante el cual “ha venido revisando múltiples operaciones realizadas en los últimos años, que hubieran tenido un impacto patrimonial significativo en las y que pudieran presentar indicios de irregularidad”.
90 operaciones analizadas en los forensic analysis
Como consecuencia de la revisión de este tipo de operaciones, el FROB decidió poner en marcha el estudio por terceros independientes de 90 de esas operaciones para determinar eventuales responsabilidades de administradores y directivos de las entidades y de terceros beneficiados por las mismas. Así, el informe remitido al Congreso documenta cómo por medio del FROB se analizaron los diversos informes forenses (forensic analysis) que se estaban recibiendo y que originaron hasta mediados de octubre 20 causas penales para investigar presuntos delitos relacionados con operaciones financieras o inmobiliarias de esas cajas quebradas.
Ahora bien, a partir de esos datos, el Gobierno decidió a finales de octubre el envío de otras 23 operaciones irregulares a la Fiscalía Anticorrupción, de las cuales 16 correspondían a Catalunya Banc y 7 a la antigua Novacaixagalicia, con perjuicios de 900 millones y 600 millones de euros respectivamente.
Los exdirectivos de Novacaixagalicia serán juzgados a partir de mayo
En el caso de Novacaixagalicia, ya hay fecha para juzgar ese quebranto económico en la Audiencia Nacional: entre el 18 de mayo y el 9 de julio, cuando se sentarán en el banquillo el excopresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso; el que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y el letrado Ricardo Pradas.
El FROB, contra Caja Madrid y sus tarjetas black
En ese documento, remitido al diputado socialista Antonio Hurtado -quien, curiosamente, sólo había solicitado al Gobierno información sobre el uso de tarjetas de crédito de altos directivos de Caja Madrid-, el Ejecutivo quiere apuntarse un tanto y sostiene que fue él quien actuó y remitió el espinoso asunto de las tarjetas de crédito de Caja Madrid a la Fiscalía Anticorrupción, que incoó diligencias por posibles delitos de apropiación indebida o administración desleal y remitió el caso a la Audiencia Nacional para su investigación en sede penal.
Tras la nacionalización de Bankia “este tipo de prácticas desaparece completamente”
En su informe, el Gobierno sostiene que en mayo de 2012, cuando se nacionalizó la entidad y entró el nuevo equipo gestor de Bankia, “este tipo de prácticas desaparece completamente”, y que Bankia reclamó entonces las cantidades a las cuatro personas concernidas, “habiéndose recuperado las mismas”, y puso en conocimiento de la Fundación Caja Madrid el informe sobre las tarjetas “para que tomase las medidas oportunas”.
Finalmente, el Ejecutivo se compromete ante el Parlamento a que “en el marco de los procedimientos abiertos, va a utilizar todos los instrumentos disponibles para continuar recuperando todas las cantidades que en derecho correspondan y con ello minimizar el coste para los contribuyentes. El resultado de estas actuaciones sólo podrá confirmarse una vez hayan concluido los procedimientos”.
