Cinco funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid han declarado este jueves ante la juez que instruye el llamado 'caso 8-M'. Lo han hecho en calidad de testigos, un día después de que el delegado y principal investigado de la causa, José Manuel Franco, compareciera ante el juzgado. Según han informado a fuentes jurídicas a Vozpópuli, todos han modificado la versión que dieron ante la Guardia Civil.
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha facilitado a los funcionarios una copia de la declaración que prestaron ante la Policía Judicial. Todos han reconocido haber leído y firmado el testimonio, pero han decidido no ratificar el contenido.
Según han precisado las mismas fuentes, los empleados públicos han asegurado a la juez que no llamaron a los organizadores de las manifestaciones para invitarles a desconvocar los eventos por temor al coronavirus. Todos han insistido en que las llamadas nunca pretendieron "animar a desconvocar", sino conocer si iban a desconvocarse las concentraciones. Este mismo jueves, han comparecido ante la juez diez de los organizadores. Han rechazado haber recibido presiones por parte de la Delegación del Gobierno para cancelar sus manifestaciones por la covid-19.
La versión de la Guardia Civil
Los agentes de la Guardia Civil aseguraron en su primer informe que los funcionarios de la Delegación del Gobierno habían realizado llamadas telefónicas a varios convocantes y habían instado a cancelar las manifestaciones por la situación sanitaria. Este jueves, cinco testigos han matizado la información. Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado que aunque los funcionarios no criticaron la actuación de la Benemérita ante la magistrada, sí pidieron modificar su declaración en el apartado relativo a las llamadas.
Los investigadores dedicaron parte de su dosier a este hecho. Hicieron hincapié en que consideraban "significativo" que "las llamadas que efectuaron los funcionarios a los promotores no hayan quedado registradas en ningún sitio". Y señalaron que el hecho de que "un acto administrativo de gran trascendencia, como es el de instar o privar del derecho de reunión/manifestación de unas determinadas personas, no conste ningún trámite ni resolución".
En el marco del informe, la Guardia Civil advirtió a la juez de la "posible intencionalidad" del delegado de evitar que se registrara su intento de impedir algunas manifestaciones por el brote de coronavirus. Según consta en el escrito de la Policía Judicial, "la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos (...), así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación de Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial".
La versión de Franco
Este jueves, el equipo de Franco ha insistido en que no se intentó impedir ninguna manifestación. Las declaraciones han tenido lugar un día después de que el delegado negara las conclusiones recogidas en los informes de la Guardia Civil. "Yo no he puesto en peligro la vida de nadie", insistió ante la juez. A su juicio, "no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8-M" y "se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios".
En declaraciones a la prensa, el delegado aseguró que su comparecencia consistió "en dejar perfectamente claro que la actuación como delegado del Gobierno ha sido siempre con apego a la ley y con arreglo a las noticias que se iban teniendo de los expertos en relación al coronavirus".
