Según fuentes gubernamentales, el argumento que se utilizó para suprimir la paga extra de la Navidad pasada, con un ahorro para las arcas públicas de 4.500 millones fue, precisamente, el de respetar la estabilidad presupuestaria a la que obliga, desde esta reforma, la propia Constitución en su artículo 135. De hecho, el PSOE decidió no llevar al Constitucional la supresión de esta paga porque entendió que estaba amparada por la reforma de la Carta Magna promovida por José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2011. “Tuvimos muchas presiones de los sindicatos para recurrir esta medida, pero nuestros expertos consideraron que era inútil porque prevalece en ella el argumento de reducir el déficit y conseguir la estabilidad presupuestaria”, aseguran fuentes socialistas. Sin embargo, el PSOE sí que tiene puestas sus esperanzas en que el Constitucional tumbe la actual reforma laboral o la no actualización de las pensiones decidida por el Gobierno el año pasado, “pues en estos casos sí hay argumentos jurídicos para dar un serio correctivo al Gobierno”, añaden en Ferraz. En cualquier caso, el susto portugués, donde el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho vio eliminado parte de su paquete de ajuste, no se ve exportable a España.
Los socialistas ni siquiera recurrieron al Constitucional la supresión de la paga extra porque entendieron que, legalmente, tenían la causa perdida
Fuentes del Tribunal Constitucional informan de que todavía no ha decidido si admite o rechaza la cuestión de inconstitucionalidad que le ha planteado la Audiencia Nacional tras la ofensiva promovida por los sindicatos de la función pública contra la supresión de la paga extra. Las centrales mantienen que se ha vulnerado el principio constitucional que ampara la protección de los derechos individuales y que, en lo que afecta al salario de los trabajadores, este tipo de iniciativas no admite la retroactividad. La sala de lo social de la Audiencia lo ha dudado y ha colocado la pelota en el tejado del Constitucional, pendiente todavía de elaborar un informe preliminar para decidir si acepta o no el recurso, mientras el Gobierno insiste en que los funcionarios recuperaran la paga perdida en 2015, cuando la situación económica mejore.
La demanda de la que parte la cuestión de constitucional tiene su origen en los trabajadores de la empresa pública Compañía Española de Tabaco en Rama y corre en paralelo a otra demanda tramitada por los funcionarios a través de la vía contencioso-administrativa, que corresponde resolver, en este caso, a Hacienda. A todo ello, se suman los recursos presentados por algunas comunidades al Constitucional por los mismos motivos. Su admisión a trámite no puede acarrear la suspensión cautelar de la medida, consideran fuentes gubernamentales, por lo que habría que esperar un lustro, como mínimo, hasta que el máximo intérprete de la Carta Magna dicte sentencia.
El Gobierno empezará a tener mayoría en el Tribunal Constitucional a partir de junio, cuando se produzca el relevo de cuatro de sus magistrados
Los tiempos en este contencioso con los empleados públicos corren a favor del Gobierno ya que, a la lentitud con la que suele tomar sus decisiones y emitir sus fallos el Constitucional, se suma el relevo de cuatro de sus miembros que se producirá el próximo junio. En esa fecha saldrán del Tribunal su actual presidente, Pascual Sala, su vicepresidente, Ramón Rodríguez Arribas, además de los también magistrados Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón. Salvo el vicepresidente, los tres restantes llevan el dorsal del PSOE. Serán sustituidos por dos magistrados que nombrará el Gobierno y otros dos que corresponde designar al Consejo del Poder Judicial, por lo que el actual Ejecutivo tendrá garantizada la mayoría, antes del verano, en el máximo intérprete de la Constitución, aseguran fuentes parlamentarias.
