El PsdeG ha denunciado que la Diputación de Orense pagó con fondos públicos los 1.200 euros que costó saldar una multa de tráfico impuesta, supuestamente, al expresidente del ente provincial José Manuel Baltar, el mismo día en que el actual senador del PP fue cazado circulando a 215 kilómetros por hora cuando se dirigía a Madrid al volante de un coche oficial. Dicho pago ha sido dado a conocer por los socialistas de Orense a través de un comunicado en el que denuncian la existencia de “una trama de ocultación deliberada” por parte del organismo provincial sobre el uso irregular de vehículos oficiales por parte del anterior mandatario. El partido señala que “después de un año solicitando en numerosas ocasiones información relativa a las multas de tráfico a los coches oficiales de la Diputación”, parte de esa documentación sigue sin ser concedida.
Los denuncia pone el foco en la multa que fue impuesta a un coche oficial de la Diputación cuando circulaba, el 23 de abril de 2023, a 173 kilómetros por hora por el término municipal de Allariz (Orense). Esa infracción fue cometida 144 kilómetros antes de que Baltar, el mismo día, fuese pillado conduciendo a 215 por hora cuando cruzaba la localidad de Asturianos (Zamora) por la autovía A-52. “El conductor de la multa de Allariz no fue identificado, lo que supuso que el ente provincial tuviese que abonar 1.200 euros por dicha infracción”, afirma el PsdeG, que destaca el alto coste añadido que supuso para las arcas públicas demorar el pago de la sanción y omitir la identidad de la persona que iba al volante.
A un paso del banquillo del Tribunal Supremo
La denuncia de los socialistas orensanos se ha producido pocos días antes de que el Pleno del Senado apruebe previsiblemente, el próximo día 24, la autorización definitiva para que el Tribunal Supremo pueda iniciar un proceso penal contra José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial, en referencia a la infracción cometida cuando un radar de la Guardia Civil le pilló circulando a 215 por hora por la A-52. El PP tiene previsto votar a favor del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo, paso previo obligatorio para poder juzgar a las autoridades que gozan de la condición de aforadas, por lo que todo indica que el senador tendrá que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados.
La magistrada instructora del caso, Ana Ferrer, estimó proceder contra Baltar al entender que, incluso aplicando el margen de error del 5% que establece la normativa sobre el resultado del radar, la cifra alcanzaría los 204 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 120, lo que a su juicio encaja en un delito contra la seguridad vial. La Fiscalía pide para el infractor una pena de seis meses de multa a razón de cuota diaria de 10 euros y un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor.
