Casi ocho meses después de las primeras detenciones de la 'operación Emperador', ha llegado la hora de los nobles, ricos y empresarios que presuntamente se valieron de la mafia china para blanquear su dinero negro. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, ha citado a los trece primeros para que a partir del próximo lunes comparezcan ante él como imputados, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas. Está previsto que a esta primera tanda le sigan otras hasta llegar al medio centenar de personas que, según revelaron las investigación, tuvieron tratos estrechos con la trama presuntamente liderada por Gao Ping para evadir sus fortunas o traer las que tenían ocultas en paraísos fiscales, todo ello sin declarar al fisco. Entre los primeros convocados, tres familiares del rey, el exbanquero Enrique Lasarte y el empresario Antonio Banús.
Las primeras declaraciones de los 'clientes' de la mafia china se han retrasado varios meses por culpa de los diferentes vaivenes sufridos por la causa, entre ellos la excarcelación de los cabecillas
La intención del magistrado era haber llamado a declarar a los adinerados clientes de la red entre finales de diciembre y principios de enero, pero los vaivenes judiciales sufridos por la causa, que incluyó la excarcelación de los presuntos dirigentes de la organización por un supuesto error judicial, obligó al juez Andreu y a la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada a trastocar sus planes de trabajo y retrasar varios meses esta diligencia. Durante este tiempo, los esfuerzos de los responsables de la investigación se centraron en asegurar las pruebas contra los cabecillas de la red para conseguir, como finalmente ha sido, su reingreso en prisión. Además, el instructor se encontró con una segunda traba judicial: uno de los implicados lo denunció ante el Tribunal Supremo, por lo que el magistrado tuvo que esperar a que este órgano judicial tomara una decisión -finalmente desestimó la demanda- para seguir avanzando en la instrucción de la causa.
El juez también ha querido cerrar antes otros flecos pendientes, entre ellos la imputación por blanqueo de dos altos cargos de la multinacional Moneygram, la empresa 'preferida' por la trama para evadir sus beneficios con rumbo a China. Los dos han sido acusados de blanqueo de dinero por no haber impedido, a pesar de que los informes internos de seguridad de la propia compañía alertaban de las irregularidades, que la trama evadiese a través de la red de oficinas de su empresa millones de euros. Ambos prestaron declaración ante el el magistrado el pasado 28 de mayo junto a los responsables en España de otra remesadora de dinero, Coinstar, a través de la cual la mafia china también sacó importantes cantidades de dinero de España.
Los más expuestos mediáticamente
Una vez concluido todo ello, y con nuevos informes policiales sobre la mesa, el juez ha decidido dar el siguiente paso y llamar a los trece primeros 'clientes'. La elección de este primer grupo de imputados no ha sido aleatoria. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, se ha elegido a aquellas personas cuyos nombres ya habían aparecido relacionados con la mafia china en los medios de comunicación en los últimos meses. "Por ellos mismos es necesario aclarar cuál va a ser su situación judicial", destacan fuentes jurídicas. También se ha incluido a aquellas personas que supuestamente habrían defraudado mayores cantidades de dinero y de los que había gran abundancía de pruebas, entre otras, grabaciones de vídeo del momento en el que supuestamente recogían el dinero.
En la primera tanda de imputados se ha elegido a aquellos cuyo nombre ya ha aparecido relacionado con la mafia china en la prensa. También se ha incluido a los que defraudaron mayor cantidad de dinero
Por esto último, uno de los primeros de esta lista es Antonio Banús Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario del mismo nombre que dio nombre al famoso puerto deportivo de Marbella. La Policía le grabó el 8 de marzo del año pasado cuando acudía en su lujoso vehículo de la marca Bentley al Hotel Mirasierra Suites de Madrid para recoger de manos de una de las cabecillas de la trama 100.000 euros. Una cantidad que, supuestamente, tenía oculta en cuentas opacas de paraísos fiscales. También está en la relación para ser citado Enrique Lasarte, quien fuera mano derecha de Mario Conde en su etapa al frente de Banesto. Los informes policiales recogen diversas conversaciones telefónicas entre el financiero e integrantes de la trama cuyo contenido hace suponer a los agentes que el financiero no sólo utilizaba los servicios de la red, sino que había pasado a ser también "intermediario de otros clientes". El exbanquero negó en su día a este diario cualquier implicación con la trama.
Otro apellido ilustre en la lista de la Fiscalía es Borbón y, además, por partida triple. Acudirán a declarar ante el juez en calidad de imputadas María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias; su madre, María Inmaculada, y su tía María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubormirska. En los pinchazos telefónicos incluidos en el sumario se escucha cómo la primera de ellas requería los servicios de la red de blanqueo tanto para ella como para sus dos familiares, y que pactaba una entrega de dinero 'a domicilio' en el exclusivo barrio madrileño de La Moraleja, donde residen. En esta primera tanda también declarará José Antonio G., un trabajador ligado a un conocido empresario cuyos apellidos no aparecen aún en el sumario, aunque sí su número de teléfono y la abreviatura de su nombre, Kike. Fuentes jurídicas no descartan que en breve éste sea también citado como 'beneficiario' final de los tratos de su empleados.
"La idea es que todos aquellos que utilizaron la red de blanqueo y evasión para conseguir sacar dinero de España o traerlo desde los paraísos fiscales terminen ante la Justicia", recalcan estas mismas fuentes. Unos, los que mayor cantidad de efectivo hayan 'lavado', serán acusados de delitos castigados con penas de cárcel. Otros, los que no superen el mínimo de dinero defraudado para ser considerado infracción penal, verán cómo la información recabada por la Policía es traslada a la Agencia Tributaria para que les abra el consiguiente procedimiento administrativo. Sólo durante las pesquisas previas a las detenciones del pasado mes de octubre, la Policía había recabado numerosos indicios sobre 41 de ellos.
