Con esta incorporación "se acuerda no haber lugar a la prórroga de la adscripción en esta sección del magistrado D. Fermín Echarri"

La magistrada María Tardón se convierte en la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional

El instructor del Caso Popular en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, rechaza suspender los efectos de su decisión de levantar el secreto la documentación del BCE sobre Popular, tras un recurso de Santander

El juzgado dará traslado a las partes de algunos informes clave sobre la caída Popular remitidos por el BCE a la Audiencia Nacional y que hasta ahora se mantenían en secreto

Ofensiva de los dos exconsejeros y del mayor bonista del Popular para que el juez Fernando Andreu reconsidere su postura de decretar secreto de sumario con los informes del BCE

El expresidente y otros exconsejeros no están de acuerdo con la decisión de la Audiencia de filtrar las actas del consejo de Popular, a petición de Santander. El fiscal apoya al banco

La Audiencia activa la vía penal del caso Banco Popular mientras abre la puerta a paralizar la vía de lo contencioso-administrativo

El expresidente de Banco Popular quiere que los dos inspectores del Banco de España que van a hacer la pericial tengan los informes externos con los que fundamentó sus decisiones

El juez Fernando Andreu ha admitido a trámite las primeras querellas contra le excúpula de Banco Popular y el auditor, PwC, por la ampliación de capital de 2016 y posible manipulación de la acción.

Varias fundaciones históricas del Popular se unen para querellarse contra la antigua cúpula de la entidad. Son la Fundación Arana Aizpurúa, la Fundación Cárdenas Rosales, la Fundación Hermanos Eloy y Amparo Rodado Leal y la Fundación Asistencial de Iniciativas Sociales Retamar. Hay 30 querellas en marcha.

Hay 30 querellas presentadas ante la Audiencia Nacional que podrían ser admitidas en los próximos días. La mayoría acusa de estafa y falsedad a los consejeros y a la auditora por la ampliación de capital de 2016, pero también se pide que se investigue a Saracho y una presunta apropiación indebida.

La segunda fase de la investigación de los atentados de Barcelona se centra en determinar si hubo una orden por parte del Daesh de atentar el pasado día 17 en el corazón de la Ciudad Condal. De haberla habido tanto el juez como la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tratan de determinar quién dio la misma.

Así lo declaró Mohamed Houli Chemlal el pasado martes ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Andreu. Más allá del fanatismo religioso, lo que llevó al joven a querer atentar en Cataluña fue la "amistad" que le unía al resto de miembros de la célula yihadista. 

El juez Fernando Andreu da por concluida la investigación abierta del llamado “ caso Bankia” y transforma las diligencias en procedimiento abreviado para proceder contra 34 personas físicas y jurídicas

El magistrado de la Audiencia Nacional trabaja los últimos detalles para cerrar la investigación del caso Bankia. Puede dictar auto de procedimiento abreviado en los próximos días. Entre los abogados se da por hecho que el caso irá a juicio oral, con Rato como principal acusado.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón cree que no es el momento procesal oportuno para revocar la imputación de Deloitte y de su auditor Francisco Celma en el caso Bankia dado que la instrucción está muy avanzada y el juez Fernando Andreu baraja cerrar las diligencias previas en fechas próximas.

El ex director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, aportó la semana pasada un documento ante el juez Fernando Andreu en el que desliza críticas contra un informe del sumario elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE).

El caso está visto para sentencia a la espera de que los peritos entreguen su tercera versión del informe. Defensas y acusaciones dan por hecho que el juez Andreu va a proponer antes de verano la apertura de juicio oral para Rato, Olivas, Verdú y Norniella, y que MAFO será desimputado.

El sindicato que ejerce de acusación popular en el caso Bankia presentará este mismo mes ante la Fiscalía su denuncia contra el exgobernador del Banco de España por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se apoya en documentos internos del regulador.

El magistrado Fernando Andreu ha librado un oficio a Banco de España para que "a la mayor brevedad posible" le remita el acta de reunión de la Comisión Ejecutiva del supervisor bancario celebrada el 29 de diciembre de 2010. La acusación ejercida por CIC quiere saber si Banco de España estaba al tanto de las "anomalías contables" de Bankia. 

El magistrado de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia donde rechaza entregar a la citada Cámara autonómica el informe de los peritos de Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez sobre la salida a Bolsa de Bankia. Anticorrupción se había opuesto a la entrega del citado documento.    

El magistrado dicta una providencia para que el fiscal se pronuncie sobre la necesidad o no de alargar la instrucción más allá de junio, fecha límite para concluirla si no se declara la causa de especial complejidad. La investigación se inició en julio de 2012.

Rafael Torres, Ramón Espinar y José María Arteta, todos ellos consejeros de la entidad, consignan en la cuenta del Juzgado las cantidades que gastaron con sus 'visas opacas'. Aspiran a beneficiarse del atenuante de reparación del daño que Anticorrupción ha aplicado en su escrito de acusaciones a los que ya habían reintegrados los fondos durante la instrucción del sumario.

El juez Andreu había pedido a la petrolera un "organigrama completo" de la compañía, pero ésta se ha limitado a remitir la relación de los trabajadores que recibieron y enviaron los correos electrónicos que sirvieron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para sancionarla en pasado mes de febrero junto a otras cuatro compañías.

Cándido Cerón y José María Buenaventura, miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta de PP, consignan en la cuenta del Juzgado las cantidades que gastaron con sus 'visas opacas'. En el escrito remitido a la Audiencia Nacional reconocen que con ello pretenden "beneficiarse de la atenuante de reparación de daño" que Anticorrupción ha aplicado en su escrito de acusaciones a los que ya lo habían hecho durante la instrucción del sumario.

El expresidente de la CEOE presente en la Audiencia Nacional un escrito en el que pide el sobreseimiento en el caso de las 'tarjetas opacas' al considerar que el magistrado se equivocó en el reciente auto de apertura de juicio oral al atribuirle un delito que no corresponde con los hechos. Asegura que su responsabilidad penal ha prescrito.

El que fuera consejero de Caja Madrid en representación de IU asegura en un recuso ante el juez Andreu que los elevados gastos con su 'visa opaca' no cubrieron los gastos que le supuso a él su "notable dedicación" a la entidad financiera.

El yerno de Villar Mir y amigo de Felipe VI presenta un recurso contra la decisión del juez Andreu de mandarle al banquillo por el derroche de las 'visas opacas'. Adjunta un informe de un catedrático de economía que considera "gastos de representación" hasta sus compras en Loewe y en una tienda de esquí de Baqueira.

Los representantes legales de la entidad financiera y su matriz presentan sendos escritos oponiéndose a la petición de que se les incremente la fianza de responsabilidad civil en otros 5,8 millones de euros realizada por este numeroso grupo de inversores, admitidos como acusación el pasado 9 de diciembre. Critican que todos ellos "han conocido públicamente la existencia de este procedimiento [...] y nada han hecho hasta ahora". Les acusan de querer dilatar la investigación.

El líder del partido magenta presentó el pasado lunes en la Audiencia Nacional un escrito para evitar que el sumario abierto por las irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad se archive por la reciente entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ésta limita a 6 meses la investigación para este tipo de causas, prorrogables sólo en determinadas circunstancias. El caso se abrió hace más de tres años precisamente por una denuncia de su formación.

La Sala de lo Penal está estudiando cómo resolver la cuestión de competencia planteada por el juez Serrano-Arnal. Según informan fuentes jurídicas a 'Vozpópuli' encima de la mesa hay tres opciones: que la causa sea enviada a la Audiencia Nacional, que permanezca en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) o que el sumario se fragmente en dos piezas y que una de ellas sea asumida por Andreu y la otra por el actual instructor.

El exvicepresidente de la entidad aprovecha un recurso en el que se opone a la última ampliación de su fianza para sacar a relucir que el documento elaborado por el supervisor "contradice abierta y radicalmente" a los peritos que destaparon el agujero y que, por tanto, anula las conclusiones de éstos. 

El Fondo asegura en un escrito al juez Andreu que solicitó al Banco de España el dictamen que da por buenas las cuentas de la entidad en la salida a Bolsa para diseñar "la más adecuada estrategia procesal" en un sumario en el que está personado como acusación.

El Banco de España remite al juez Fernando Andreu medio centenar de folios con toda la documentación que utilizó para elaborar la respuestas al FROB que ahora esgrime Rodrigo Rato para dar por buenas las cuentas de la entidad en su salida a Bolsa. En su elaboración participaron cuatro departamentos del supervisor.

En un escrito enviado por Bankia para certificar los gastos de las polémicas 'visas opacas', la entidad financiera alerta al magistrado de que sigue sin reclamarle la certificación sobre 14 visas opacas usadas en el despilfarro y otras 24 que no tuvieron movimientos.

El magistrado ha dictado una providencia donde pregunta a los peritos del Banco de España si procede "ampliar, modificar, aclarar o corregir" el informe que emitieron en diciembre de 2014 donde sostuvieron que Bankia salió a Bolsa con sus cuentas falseadas. En caso de que la respuesta sea afirmativa deberán enviar la documentación a la Audiencia Nacional.

El abogado del partido había presentado en septiembre un escrito para que obrasen en la causa por la salida a Bolsa de la entidad el análisis de la ONIF que destapó la supuesta 'mordida' a cuenta de los contratos de publicidad al considerar que aquellas comisiones ayudaron "a la despatrimonialización de la propia entidad" y que, por tanto, "tienen una indudable relación". El magistrado lo rechaza al considerar que es el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid el que ya investiga estos hechos.

Después de que la Sala de lo Penal obligara al juez a reabrir la causa, Fernando Andreu ha dictado el auto donde da por concluida la fase de instrucción y propone juzgar a ocho miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que habrían favorecido a la red china liderada por Gao Ping.

La Fundación heredera de la entidad remite a la Audiencia Nacional un escrito en el que reconoce que nunca elaboró "ningún informe, comunicación, estudio o información" sobre su fiscalidad pese a que la inspección de la Agencia Tributaria detectó irregularidades en la desgravación de los gastos de las polémicas 'visas opacas' en el Impuesto de Sociedades.

El magistrado dicta una providencia en la que le reclama a Bankia que certifique "a la mayor brevedad posible" los pagos efectuados con "la totalidad de las tarjetas de crédito utilizadas por los imputados". En abril había pedido esta misma información, pero sólo para 110 de las 230 tarjetas que manejaron los 81 titulares de las 'visas opacas'. El 'olvido' dejaba fuera de la causa cientos de gastos de más de la mitad de los imputados, entre ellos Blesa, Rato, Sánchez Barcoj y Moral Santín. 

El juez remite un oficio al gobernador del Banco de España para que remita a la Audiencia Nacional "a la mayor brevedad posible" el documento que le reclamó con un auto judicial el pasado 14 de octubre. En este escrito aceptaba la petición del exvicepresidente del Gobierno de incorporar a la causa un documento de marzo de 2015 que el supervisor envió al FROB sobre "criterios técnicos [...] sobre normas de información financiera, pública y reservada y modelos de estados financieros".

El magistrado dicta una providencia en la que reclama a la fundación heredera de la entidad y a la Agencia Tributaria que le remitan "a la mayor brevedad posible" la documentación que les pidió el 14 de septiembre y el 7 de octubre pasados. Forman parte de las últimas diligencias "encaminadas a preparar el juicio oral" que pidió para poner punto y final al sumario sobre las polémicas visas opacas. 

La decisión supone un auténtico varapalo para el juez Fernando Andreu que decretó el sobreseimiento libre del procedimiento para ocho agentes de la Policía y un ciudadano chino. Ahora, el instructor deberá volver a investigarlos.

El magistrado solicitó en abril a la entidad financiera que le remitiera "certificación de los cargos" realizados con 110 visas opacas de 81 titulares, pero no lo hizo con otros 120 plásticos. El 'olvido' beneficia a la mitad de los directivos, entre ellos Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, algunos de los cuales tienen aún sin validar miles de apuntes que figuraban en el documento que destapó el escándalo.

Rafael Torres, consejero de la entidad por el sindicato, alegaba para solicitar el sobreseimiento que los 79.076 euros que dilapidó entre 2003 a 2007 con su 'visa opaca' habían sido destinados a pagar gastos de su organización. En dicho escrito reconocía que pasaba por duplicado el coste de sus desplazamientos como miembro de la Comisión de Control de la entidad. Fiscalía se apoya en esa confesión para oponerse a sacarle del sumario ya que considera que la misma" fortalece y ratifica los indicios de criminalidad" que ya pesaban sobre él.

El juez de la Audiencia Nacional ha librado un oficio a la Agencia Tributaria para que le informe de si Bankia se desgravó en el Impuesto de Sociedades de los años 2011 y 2012 los gastos originados con el uso de las tarjetas opacas.

La formación magenta ha presentado un escrito donde recurre la decisión del juez Fernando Andreu que rechaza investigar los contratos de publicidad de las mercantiles Publicis Comunicación España S.L y Zenith Media S.L. con Bankia.

Los representantes de la Comunidad de Madrid en Caja Madrid sostienen que ellos no eran miembros del Consejo de Administración de la entidad y que no tenían por lo tanto capacidad de decisión en la misma. Sólo tenían voz pero "no voto".

Además, el juez Andreu solicita a Banco Madrid que aporte a la Audiencia "todas las actas del Comité de Prevención" de la entidad.

Es probable que el juez Serrano-Arnal plantee una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo tras la decisión adoptada este viernes por Andreu. El juez del caso Bankia rechaza que sea competencia de la Audiencia la investigación patrimonial sobre Rato.