Diez días. Ese es el tiempo que ha tardado en reaccionar el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, a la información de Vozpópuli en la que se destapaba que un supuesto 'error' suyo había dejado sin validar en el sumario miles de cargos de 42 de los 81 usuarios de las polémicas 'tarjetas black'. El magistrado acaba de dictar una providencia en la que solicita a Bankia que le remita "la certificación de los cargos efectuados en la totalidad de las tarjetas de crédito utilizadas por los imputados y que se relacionaban en la documentación remitida el 24 de septiembre de 2014" que dio pie entonces a la apertura de la investigación. Y lo quiere "a la mayor brevedad posible". De este modo, el instructor corrige el auto que emitió el pasado mes de abril, cuando pidió esta misma certificación, pero sólo referidos a 110 de las tarjetas utilizadas por directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia entre 2003 y 2012, cuando el número total de 'plásticos' se elevaba a 230. Ese 'olvido' había hecho que a estas alturas de la instrucción, y cuando los propios escritos del juez sugieren una próxima finalización de la causa, se hubieran 'perdonado' de facto miles de cargos a 42 directivos de la entidad financiera. Entre ellos, los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
El juez reclama a Bankia el certificado de los gastos de "la totalidad de las tarjetas" diez días después de que 'Vozpópuli' desvelase el olvido que afectó a 120 'black'
El origen del 'embrollo' se remonta al pasado mes de abril. Entonces, muchos de los imputados en la causa habían remitido escritos a la Audiencia Nacional en los se cuestionaba la validez jurídica de la principal prueba de cargo contra ellos: los cuadros de Excel que detallaban todos los cargos y que sirvieron de base para la apertura de la causa. Ante la falta de otros documentos, como los resguardos de los pagos, el magistrado, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, decidió entonces solicitar a Visa SA información sobre estos gastos. Sin embargo, la empresa de las tarjetas le contestaba poco después que dichos datos no estaban en su poder, sino en los de la entidad financiera a nombre de los que se emitían. Por ello, el 21 de abril, el juez Andreu dictó un auto en el que pedía a Bankia que remitiera "a este Juzgado certificación acreditativa de los cargos efectuados en las tarjetas de crédito por los imputados en la presente pieza durante el periodo comprendido desde el año 2003 hasta la cancelación de las mismas". En teoría, sobre todos. Sin embargo, a continuación el escrito incluía una relación de 81 titulares de visas y 110 numeraciones de tarjetas. De esta manera, dejaba fuera de la certificación 120 'visas opacas', más de la mitad de las 230 que figuraban en el listado de septiembre.
La respuesta de la entidad financiera no tardó en llegar. El 8 de mayo, el procurador de Bankia entregó en el juzgado un CD en el que se contenía la información. Sin embargo, el soporte informático venía dañado y no se pudo abrir, lo que llevó al juez Andreu a dictar seis días después una providencia en la que solicitaba de nuevo la relación de los cargos de las 110 tarjetas. Ésta llegó finalmente dos semanas después junto a un escrito firmado por Ignacio Cea, director corporativo de Tecnología y Operaciones del banco, en el que se certificaba que "de acuerdo con la información y datos existentes a la fecha en los sistemas informáticos centrales de la entidad, los cargos efectuados en las tarjetas de crédito utilizadas por los imputados y número de las mismas de relación solicitada son los que se contienen en el CD que al efecto se adjunta". El documento llevaba fecha del 9 de junio pasado.
Siete cuadros 'Excel'
La relación de gastos recogidos en este soporte informativo tenía una presentación muy similar a la que mostraba el documento que destapó el escándalo: siete cuadros en formato Excel con distinción entre Bankia y Caja Madrid, y entre directivos y consejeros, a los que se habían hecho algunas modificaciones de presentación. Así, todos y cada uno de los titulares figuraba con una referencia nueva, que incluía la letra 'R' y un numero que iba del '01' al '81', independientemente del número de 'visas opacas' que tuviera asignadas. Además, se incluía un octavo cuadro con la leyenda "inventario solicitado abril 2015" en el que se citaba a los 81 titulares sobre los que se pedía información y la numeración de las 110 tarjetas que figuraban en el auto. En este cuadro ya se recogía que no existía información de todas las visas que reclamaba el juez. De una, cuyo titular según el escrito del magistrado era el sindicalista de UGT Francisco Baquero, ya se destacaba que su numeración "no corresponde a este titular".
En algunos casos, el error había supuesto la desaparición de más de 1.000 cargos. Blesa pasó de tener 1.650 pagos a sólo 193. A Rato sólo le 'extraviaron' 44
No era el único error de aquel auto de abril. Según publicó Vozpópuli el pasado 27 de octubre, Bankia se ajustó literalmente a lo que el magistrado pedía que se le certificase en aquel escrito y no hizo ninguna mención a las otras 120 tarjetas que sí figuraban en el primer informe. De este modo, los gastos efectuados con estas últimas, y que pertenecían a 42 usuarios de las 'black', quedaban sin validar formalmente en el sumario. Entre los 'beneficiados' por ese error figuraban los tres principales implicados, los expresidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa, y el 'número 2' de ambos y señalado como presunto ideólogo del sistema, Ildefonso Sánchez Barcoj. Eso sí, de manera muy dispar. Así, al que fuera vicepresidente del Gobierno se le había excluido la última tarjeta que tuvo y con la que realizó 44 cargos. Sin embargo, de Blesa el 'olvido' era mayor. Sólo figuraban 193 cargos de los 1.650 que hizo. Es decir, seguían sin estar certificados 1.457, un 89 por ciento de sus pagos. Algo parecido ocurría con Sánchez Barcoj, que de los 1.849 pagos que hizo habían 'desaparecido' 649.
Otro de los grandes beneficiados por el 'olvido' del magistrado era José Antonio Moral Santín, el consejero propuesto por IU que cargó a su tarjeta cerca de 450.000 euros, la mayor parte mediante disposiciones en efectivo en cajeros automáticos. Entre 2003 y enero de 2012, el primer Excel entregado en el juzgado recogía 1.323 cargos a su 'visa opaca'. La decisión del juez Andreu de pedir información sólo de una de las tarjetas que este consejero tuvo a su disposición había reducido el número de cargos validados a sólo 167, los que hizo en 2003, el primer año bajo sospecha. Otro de los que salía bien parado era el sindicalista de UGT Gonzalo Martín Pascual, que veía como sus 1.572 cargos se quedaban sólo en 185. O, Mercedes Rojo, la exconsejera de Caja Madrid a propuesta del PP, que de 1.707 pagos había pasado a únicamente 104.
Sólo 39 'no afectados'
También con 'pérdida' de numerosos cargos figuraba el socialista José María Arteta Vico. De 2.002 abonos con los dilapidó 137.000 euros, el juez Andreu sólo tenía certificados 282. Jesús Pedroche Nieto, del PP, había pasado de figurar con 1.622 cargos a 755. Y Jorge Gómez Moreno, exdiputado regional del PSOE, de 1.408 a 548. Otros, sin embargo, se vieron beneficiados con la reducción de muchos menos cargos, en algunos casos sólo unas decenas, mientras que de otros 39 el 'certificado' remitido por Bankia recogía todos los cargos que ya figuraban en el escrito original. Entre estos últimos estaban José Manuel Fernández Norniella, Estanislao Rodríguez-Ponga, Juan Emilio Iranzo, Gerardo Díaz Ferrán, Virgilio Zapatero, Jorge Rábago, Matías Amat, Javier López Madrid y el exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno.
Andreu reclama ahora a Bankia el certificado de los gastos de todas las tarjetas "a la mayor brevedad posible" ante la cercanía de la conclusión del sumario
El error se mantuvo así durante meses, hasta que en octubre algunos de los imputados denunciaron en sus escritos que ese último listado remitido por Bankia a la Audiencia Nacional con la relación de pagos "en ningún caso es coincidente" con el que la propia entidad financiera entregó en septiembre de 2014 a la Fiscalía Anticorrupción. El juez rechazó en primera instancia los recursos y no hizo ninguna petición nueva a la entidad financiera hasta que el pasado 6 de noviembre dictó la providencia, comunicada este martes a las partes, en la que reclamaba la validación de todos los gastos. En la misma, Andreu recalcaba que ahora quería el certificado sobre "la totalidad de las tarjetas" ante la cercanía de la conclusión del sumario. Desde que Vozpópuli desveló el 27 de octubre el supuesto error del magistrado, habían pasado sólo diez días el subsanar el 'olvido'.
