Ni un informe, ni un estudio ni, tan siquiera, una comunicación. La Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, 'heredera' de Caja Madrid, acaba de remitir al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, un escueto escrito de poco más de un folio de extensión en el que admite que la entidad financiera nunca se preocupó por las "consecuencias tributarias para la entidad y/o directivos y consejeros" que se desprendían del uso de las polémicas tarjetas 'black'. Y ello, pese a admitir que tenían conocimiento de que la Agencia Tributaria había encontrado antes de estallar el escándalo diversas irregularidades en los gastos de aquellas que se deducían en el Impuesto de Sociedades. El informe es uno de los pedidos por el magistrado para poner próximamente punto y final a la pieza separada del 'caso Bankia' sobre las polémicas 'visas opacas'.
La Fundación ha tardado casi un mes en responder al juez Andreu que no le consta que se elaborada ningún documento "de esa naturaleza"
El escrito de la 'heredera' de Caja Madrid, fechado el pasado 4 de noviembre y al que ha tenido acceso Vozpópuli, es la contestación al requerimiento que el magistrado le hizo casi un mes antes, el 7 de octubre, mediante un oficio en el que le solicitaba a ella y a Bankia sendos informes "sobre si la secretaria general o las direcciones jurídica, financiera, fiscal, de contabilidad o cualquier otra, de auditoría interna o externa [...] elaboraron algún informe, comunicación, estudio o información en relación a las conclusiones alcanzadas por la AEAT en su labor inspectora referida al uso de las tarjetas de crédito" así como de "sus consecuencias tributarias para la entidad y los directivos y consejeros".
Bankia contestó en ocho días, pero el informe de la Fundación se retrasó tanto que el pasado 2 de noviembre el juez Andreu se vio obligado a dictar una providencia apremiando a la entidad. Dos días después, remitía su breve respuesta. En la misma, y tras reproducir literalmente lo que solicitaba el magistrado, la 'heredera' de Caja Madrid se limita a aseverar que "no obra en poder de la Fundación" ningún documento referida a la fiscalidad de las tarjetas de crédito que utilizaron su altos cargos que hubiera sido elaborado por algunos de los diferentes órganos internos sobre los que preguntaba expresamente el magistrado. De hecho, el texto añade que "tampoco consta siquiera a esta Fundación la posible existencia" de otro documento "de esa naturaleza" realizado por otro departamento.
Desgravadas en el Impuesto de Sociedades
La petición del magistrado tiene su origen en un auto que dictó en marzo en el que solicitaba expresamente a Hacienda que certificara si Caja Madrid pretendió deducirse los 15,5 millones de euros dilapidados con las polémicas 'tarjetas black', tal y como habían sostenido en sus declaraciones ante el juez un nutrido grupo de imputados. Éstos alegaron en sus comparecencias en la Audiencia Nacional que aquellas 'visas opacas' eran para gastos de representación, por lo que los mismos eran deducibles en el Impuesto de Sociedades de la entidad financiera y no se debían declarar en el IRPF de cada uno. El exconsejero José María Arteta solicitó expresamente al magistrado que reclamase dicha información a la AEAT para su caso concreto.
Hacienda detectó antes de estallar el escándalo de las 'black' que Caja Madrid se desgravó de modo irregular el 36% de los gastos de las mismas
Andreu aceptó dicha petición y, además, la extendió a los cargos hechos por todos los imputados que acabaron en la cuenta 6192 'Gastos Órganos de Gobierno'. Un depósito, este último, que había sufrido la inspección de Hacienda antes de estallar el escándalo y en la que los expertos de la Agencia Tributaria habían encontrado ya irregularidades. En concreto, descubrieron que al menos el 36% de los gastos que se cargaron en este depósito y en otro similar no eran deducibles como hizo Caja Madrid en los ejercicios 2004, 2005 y 2006, los inspeccionados entonces. Los técnicos de la AEAT sostuvieron en aquellas actas, incorporadas al sumario, que este alto porcentaje de cargos carecían de “relación directa e incontestable con la actividad de la sociedad”, por lo que Caja Madrid no se podía deducir esas cantidades para ahorrarse dinero en el pago del Impuesto de Sociedades.
La Agencia Tributaria remitió finalmente el pasado mes de mayo un informe en el que certificaba que "la entidad Caja de Ahorros y Montes de Piedad de Madrid, actualmente denominada Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, consignó en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2003 a 2010 los gastos registrados contablemente en la cuenta 6192 Gastos Órganos de Gobierno [en la que se cargaban los cargos de las 'tarjetas black'], con la consideración de gastos fiscalmente deducibles para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades".
A este último informe de mayo se aferran varios de los imputados para pedir su sobreseimiento. De hecho, uno de ellos, Rodrigo Rato, pidió al juez que solicitara a Hacienda una ampliación del mismo. El magistrado aceptó y cursó un oficio el pasado 7 de octubre para encargarlo. En concreto, Andreu pedía a la Agencia Tributaria que especificase "qué criterios técnico-tributarios fueron tenidos en cuenta para la aceptación por la AEAT de la deducibilidad de aquellos gastos". Este documento aún no ha llegado a la Audiencia Nacional, pero el juez ya ha remitido un segundo oficio para agilizar su entrega "a la mayor brevedad posible".
Cincuenta actas sobre retribuciones
El escrito sobre la ausencia de informes sobre la fiscalidad de las 'tarjetas black' no es el único que la Fundación 'heredera' de Caja Madrid acaba de remitir a la Audiencia Nacional. El juez Andreu también tiene ya sobre su mesa la respuesta a un segundo requerimiento que hizo recientemente a la entidad para que le remitiese documentación. En concreto, las actas de las reuniones de las comisiones de Retribuciones y Ejecutiva, así como las del Consejo de Administración, celebradas desde 2003 en las que se reflejaran detalles de lo hablado sobre lo que percibían los actos cargos de la misma. La respuesta consta de cuatro folios y abundante documentación anexa. En concreto, cincuenta actas de estos órganos localizadas mediante lo que el escrito denomina "búsquedas ciegas". Es decir, utilizando las palabras 'remuneración' y 'retribución' en las copias electrónicas de los libros de actas. Un detalle con el que el escrito destaca que, tal vez, no estén todas las que son. De hecho, reconoce que hasta enero de 2006 la Comisión de Retribuciones de la entidad no "extendía acta" de lo que se trataba en sus reuniones.
