El juez Fernando Andreu quiere dar un acelerón al caso Banco Popular. Tras pedir un informe pericial a dos inspectores del Banco de España, el magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido enfocarse en la información de la ampliación de capital de 2016, por valor de 2.500 millones.
Por ello ha comenzado a solicitar documentación, con la auditora PwC como uno de sus primeros objetivos. Le ha pedido el informe de revisión limitada de las cuentas de marzo de 2016, las que se usaron para la ampliación de capital.
PwC ya ha respondido a la solicitud del juez, enviando la revisión. En la misma recuerda que "en nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida como una auditoría de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga concluir que los estados financieros intermedios adjuntos del periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2016 no han sido preparados [...] de acuerdo con los requerimientos establecidos" en la normativa contable.
Párrafos de énfasis
Ésta es una explicación estándar cuando una empresa necesita una auditoría de unas cuentas trimestrales para un ampliación o salida a bolsa. Al no ser auditadas como los estados financieros de final de año, se hace una revisión limitada. En el documento, PwC explica que éste fue el caso de Popular, al ampliar capital en junio, y recuerda que hizo dos párrafos de énfasis: por no ser cuentas anuales y por la "incertidumbre" de las elevadas provisiones que iba a hacer el banco en 2016.
PwC es uno de los investigados en a pieza central del caso Banco Popular, en la que están imputados Ángel Ron y el resto del consejo del Popular. Hay otra pieza en la que se instruye una presunta manipulación de la acción de Emilio Saracho.
Más allá de la vía penal, hay otros dos grandes frentes de demandas: la de los recursos contra el Frob en la Audiencia Nacional, que podría paralizarse; y la de los escritos contra la Junta Única de Resolución y el BCE en Europa.
