Portazo de la Audiencia Nacional a la petición realizada por la Comisión de Investigación del Parlamento de La Rioja creada para analizar la situación económica real de la Caja de Ahorros de La Rioja cuando se integró en Bankia.
La Cámara autonómica había solicitado al tribunal que le remitiese el duro informe de los peritos del Banco de España, Víctor Sánchez y Juan Antonio Busquets al entender que en él los expertos financieros hablaban de las pérdidas de 9,3 millones de euros que la citada entidad tuvo en el ejercicio del año 2010 aunque en el momento de la fusión con Bankia declaró beneficios de más de 10 millones.
Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia, el magistrado Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, ha dictado una providencia donde sostiene que "no ha lugar" a la remisión del mencionado documento al Parlamento riojano "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". A la hora de adoptar esta decisión, el juez ha contado con el visto bueno de la Fiscalía.
Juez y fiscal entienden que de entregar esa documentación al Parlamento riojano se violaría el artículo 301 de la LeCrim
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se oponía a la entrega del citado documento alegando que "la entrega a la Comisión parlamentaria de parte de las actuaciones contenidas en un procedimiento judicial se opone a lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece el secreto de las actuaciones judiciales durante al fase de instrucción".
"En todo caso debe hacerse constar que los informes periciales no analizan la situación de la Caja de Ahorros de La Rioja previa a la formación del SIP que dio lugar a la formación de BFA, como tampoco la del resto de caja que lo integraron", añadía el acusador público.
De la misma forma, el fiscal explicaba que en ninguno de los informes elaborados por los peritos se analiza la situación previa de la Caja de Ahorros de La Rioja si bien los peritos de Banco de España dejaron claro en su informe que "en la documentación examinada no se especifica entidad de origen de la mayoría de los ajustes realizados, tanto en la contabilización definitiva de la combinación de negocios como en la reformulación".
