El antiguo núcleo duro de Banco Popular está que echa chispas. Las pérdidas generadas por el rescate exprés de la entidad y su venta por un euro a Santander han hecho que algunos de los históricos accionistas pongan en marcha una batería de medidas legales.
Grandes inversores como Luksic, Del Valle y la Sindicatura habían presentado recursos administrativos ante Europa y la Audiencia Nacional contra la decisión de vender el banco, pero hasta ahora ninguno había acudido a la vía penal.
Así lo han hecho cuatro fundaciones de la antigua Sindicatura, de las que al menos dos están vinculadas al Opus Dei, la prelatura con la que a menudo se ha ligado a Banco Popular. Son la Fundación Arana Aizpurúa, la Fundación Cárdenas Rosales, la Fundación Hermanos Eloy y Amparo Rodado Leal y la Fundación Asistencial de Iniciativas Sociales Retamar.
Las cuatro han acudido a la Audiencia Nacional juntas, como refleja el escrito de la Fiscalía Anticorrupción de la semana pasada, en el que se apoya que se abra una investigación por la gestión de Ángel Ron y Emilio Saracho. Según el fiscal Antonio Romeral, estas cuatro fundaciones pidieron personarse en el caso el pasado 28 de julio, a lo que no ve objeción.
Piezas separadas
En su escrito, la Fiscalía considera que el caso Banco Popular debe instruirse con al menos dos piezas separadas, tal y como adelantó este medio.
La principal sería por la ampliación de capital de 2016 y un presunto delito de estafa. La segunda por "los hechos relativos a la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias que contenían datos o información falsa, para hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios".
Se han presentado ya 30 querellas en la Audiencia Nacional por la caída del Popular, contando la de este lunes de Adicae. De ellas, 27 son de acusaciones particulares y tres de acusaciones populares, con las que tendrán que organizarse Durán y Durán Abogados, la Asociación Libertad y Justicia y Asufin.
