El juez José de la Mata ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a la exalcaldesa de Jerez y senadora del PP María José García Pelayo por un delito continuado de prevaricación en la pieza del caso Gürtel sobre supuestas irregularidades en las adjudicaciones a empresas de la trama por eventos de FITUR 2004. El juez de la Audiencia Nacional ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para que se haga cargo de esta investigación al ostentar García Pelayo actualmente la condición de aforada como senadora, arrastrando con ella al alto tribunal a otros siete imputados por estos hechos.
De la Mata considera que existen indicios de responsabilidad penal en la exalcaldesa por "groseras irregularidades" en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004. Los expedientes presuntamente tramitados de forma irregular fueron el relativo a la adjudicación del stand de FITUR 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital.
De la investigación se desprende que los expedientes investigados se tramitaron incumpliendo los estatutos y sin ser aprobados por el Consejo Rector sino directamente por la exalcaldesa. Para el juez "todos estos actos y decisiones (...) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso".
El órgano contratante no disponía de la documentación con carácter previo a la ejecución del procedimiento administrativo de contratación y adjudicación
"Toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas", destaca el juez. Considera De la Mata que todos los imputados, entre ellos el que fuera director del IPDC José Enrique Agüera , "se confabularon para adjudicar los contratos a las empresas que previamente habían decidido", por lo que entiende que los hechos no se pueden desligar y deben ser juzgados por un mismo órgano, en este caso el Supremo al haber una persona aforada.
En el caso de la adjudicación del stand del Ayuntamiento de Jerez para la Feria de Fitur 2004, el juez relata que participaron personas y empresas vinculadas al considerado cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa, efectuando gestiones, contratación y pagos a proveedores con anterioridad al procedimiento formal de contratación.
Las mercantiles de Correa -Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio- elaboraron su documentación administrativa para presentarla a los concursos de los que resultaron adjudicatarios, cuando ya los trabajos se habían realizado "y transcurrido casi un mes desde su finalización". De ello se deduce que el órgano contratante no disponía de la documentación con carácter previo a la ejecución del procedimiento administrativo de contratación y adjudicación.
Pese a ello, indica el juez, la presidenta de IPDC y exalcaldesa de Jerez "aprobó lo pliegos de las cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas; dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad" y adjudicó los contratos a Special Events por 162.806 euros, a Teleanuncio por 141.364 y a Down Town Consulting por 39.366 euros.
Tras exponer estos hechos, el juez de la Mata detalla todos los indicios recabados contra la exalcaldesa, que debió conocer que el competente para aprobar estos contratos era el consejo rector y no ella. Aún así, añade, "aprobó personalmente, con conciencia de su falta de competencia, los concursos, los pliegos y la adjudicación de los contratos. Con posterioridad a la prestación del servicio por las empresas, consciente de que no era suya la competencia, sometió el asunto a la ratificación del Consejo Rector".
Según explica el juez, la entonces alcaldesa conoció que todos los documentos presentados por las empresas y los propios documentos administrativos "se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a las que se hizo constar en los mismos", lo que considera probado a través de correos electrónicos intervenidos a integrantes de la red Gürtel. De la Mata tipifica los hechos como un delito de prevaricación continuada en tanto todas la resoluciones administrativas investigadas eran falsas, se firmaron con posterioridad a las fechas que figuran consignadas en las mismas y no se correspondieron en absoluto con la realidad de expedientes administrativos reales.
