Alberto Garzón ha estado ausente con la crisis del precio de la luz, pese a que se ha convertido en la principal preocupación de los consumidores este verano. El ministro de Consumo le ha cedido todo el protagonismo en agosto a la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera. Pero, ya de vuelta de vacaciones, y con el foco mediático en la crisis de Afganistán, Garzón presiona de nuevo a Ribera para que suba la agresividad con Iberdrola, Endesa y Naturgy, los principales dueños de nucleares e hidroeléctricas.
Garzón, acompañado de Ione Belarra desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, reclaman públicamente a sus socios de Gobierno que pongan en marcha de inmediato una limitación de precios de la energía que se produce en centrales nucleares y presas. Esta iniciativa complementaría con el anteproyecto de ley de recortar la retribución por CO2 a estas tecnologías que se aprobó antes de las vacaciones de verano por el Gobierno y que ahora está a la espera de que se apruebe en el Congreso.
Es decir, Unidas Podemos quiere que Ribera aseste un segundo hachazo a Iberdrola, Endesa y Naturgy. Pero este golpe llegaría antes, ya que pretenden que se tramite por real decreto-ley. El socio de Gobierno del PSOE no se ha conformado con el canto de sirena de la ministra para la Transición Ecológica de crear una empresa pública hidroeléctrica que vaya asumiendo el control de la gestión de las presas según vayan venciendo las licitaciones. Algo para lo que habría que esperar cerca de diez años.
Tanto Belarra como Garzón aseguran que esta medida cumple con la normativa europea. Un argumento que dudan las fuentes del sector consultadas por Vozpópuli. No se puede poner límite de precios a la nuclear ni a la hidráulica, salvo que recupere las concesiones, básicamente porque son empresas privadas.
Carlos Martín, responsable de operaciones de Enerjoin, matiza que “existe la opción de poner más tasas a los ingresos de cada tecnología, cosa que ya se hace". "Se puede poner en marcha otro anteproyecto de ley para el recorte de ingresos, pero dentro del sistema marginal no se podría poner un precio máximo de oferta, que además poco efecto tendría", añade.
¿Nacionalización encubierta?
El economista Daniel Lacalle concuerda en que los efectos de esta medida en lo que pagan los consumidores en su factura serían efímeros. "Con una medida así abocan a las nucleares al cierre. Recordemos que tienen un 60% de impuestos. La hidráulica tiene un impuesto especial del 25%. Si en la fijación de precio del mercado mayorista quitas las dos energías más baratas, en vez de sufrir el 20% de la subida del gas, sufrirás el 100%". En la actualidad suponen el 9% de la factura, pero si se intervienen los ingresos este economista calcula que el impacto sería del 1%.
Lacalle advierte de otra consecuencia de esta medida que no tiene que ver con el bolsillo, sino con la producción de suministro: "La nuclear y la hidráulica mantienen las energías de base cuando las intermitentes no funcionan. En Filomena, por ejemplo, con el temporal, la solar y la eólica funcionaban alrededor del 15% del tiempo. Si no tienes nuclear e hidráulica en ese momento, los cortes eléctricos son demoledores".
"Es una medida intervencionista y confiscatoria. A unas energías que ya están achicharradas a impuestos les estás metiendo un precio máximo y generas un efecto incalculable sobre la seguridad del suministro. Es una nacionalización encubierta de sectores estratégicos por vía impositiva, ya que no la pueden hacer por vía regulatoria. Están intentando llevar a cabo una nacionalización encubierta para que sea el propio Gobierno el que gestione el sistema eléctrico", concluye.
Garzón pide más acción a la CNMC
La medida que han puesto encima de la mesa Garzón y Belarra apunta que, tanto el tope a la nuclear como el máximo para la hidroeléctrica, se fijarían "a través de una auditoría de costas de generación" por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Una iniciativa que pretende recortar el precio del mercado mayorista, con la consecuente rebaja de la tarifa regulada y un efecto arrastre para aquellos que están en el mercado libre. Ribera y su equipo ya han dejado caer que se agradecen las propuestas pero que dudan de que este control de precios en mercado se ajuste a la ley comunitaria europea.
Los propios afectados, a través del Foro Nuclear, deslizaron una oferta de renovación a Teresa Ribera. La asociación integrada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, junto con otras como EDP o la pública Enusa, recuerda que, ante esta escalada de precios, el parque nuclear español podría garantizar la cobertura a largo plazo de todos los contratos a tarifa regulada PVPC, actualmente indexados al precio del mercado mayorista, a un precio estable y muy inferior al actual.
Es decir, pactar un precio fijo a largo plazo y con él, crear una tarifa regulada para hogares vulnerables o para industria electrointensiva, algo que sucede en Francia con su gran parque nuclear. Aunque la diferencia es que en Francia la nuclear es pública, mientras que en España la nuclear es privada. De momento, Unidas Podemos sólo quiere públicas las presas.
