Las acusaciones populares personadas en el caso Ghali quieren llegar hasta el final del asunto. El abogado que impulsó las diligencias que se siguen en un juzgado de Zaragoza ha pedido a la Audiencia Provincial que mantenga viva esta causa para investigar ahora un posible delito de encubrimiento en relación con la entrada furtiva en España del líder del Frente Polisario. De esta forma rebate el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que han vuelto a pedir el archivo del caso alegando que no se cometió delito de prevaricación.
El Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado respondieron a un auto del pasado 10 de marzo en el que el magistrado Rafael Lasala archivó la causa solo para Camilo Villarino, jefe de gabinete de la exministra. La Fiscalía aplaudió la decisión pero solicitó al juez que fuera más allá y diera carpetazo a todo el procedimiento. Según sostiene, Laya no cometió delito de prevaricación ya que no hay pruebas que demuestren que conocía de la existencia de causas penales abiertas contra Ghali cuando se autorizó su entrada en España.
La acusación que ejerce el letrado Antonio Urdiales cuestiona este criterio en un escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Zaragoza, en pleno cambio de la posición de España respecto al Sáhara. El abogado no solo reclama que se siga adelante con esta causa que arrancó a mediados del año pasado, sino que pide que se distinga entre el delito de prevaricación y el de encubrimiento.
El documento, al que se adhiere también la otra acusación que ejerce el abogado Juan Carlos Navarro, refuta al Ministerio Público y dice que su argumento relativo al desconocimiento del asunto que tenían los mandos policiales que autorizaron su entrada "no merece comentario alguno por lo kafkiano de su contenido". "En el presente caso la exministra de Exteriores, el Director de Gabinete, y los Generales Fernández y Ortiz cometieron sendos delitos de prevaricación de forma tan palmaria, grosera y evidente que sus explicaciones carecen de cobertura legal alguna", recoge el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Entrada clandestina de Ghali"
Las acusaciones populares de este procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza mantienen que el Gobierno incumplió lo recogido en el Reglamento Schengen (que recoge las normas que regulan el paso de las fronteras) con la entrada de Ghali. La misma se produjo el 18 de abril desde Zaragoza y sin que ni él ni sus acompañantes pasaran por los controles de seguridad. La Abogacía General del Estado, que defiende a la exministra Laya, sostiene que no hay delito alguno en tanto la decisión de acogerle por razones humanitarias fue política y es acorde a Derecho.
No tienen la mínima justificación y ponen en peligro las relaciones exteriores de España con países vecinos como se archidemostró tras la entrada de Ghali
Sin embargo, las acusaciones no solo confrontan este argumento, sino que mantienen que el Gobierno autorizó una entrada furtiva y a espaldas de la opinión pública, en tanto sabrían que estaba siendo investigado en dos procedimientos penales en la Audiencia Nacional. Por ello consideran que no hay duda alguna acerca de que existe una resolución que permitió la entrada del líder saharaui y dos acompañantes (su hijo y su médico) aunque la misma no sea administrativa.
"Aún en el supuesto de que creyeran estar ante un importante diplomático, porque así se lo habían anunciado un anónimo funcionario argelino telefónicamente, el Reglamento de Schengen, referido a titulares de pasaportes diplomático, no exime del control de pasaportes y equipaje a ningún titular de pasaporte diplomático, sino que les concede prioridad ante otros pasajeros, siempre que viajen en el ejercicio de sus funciones. No parece que estos individuos viajaran en el ejercicio de funciones y entender lo contrario es interpretar las normas con sedicente mala
fe y temeridad", reza el escrito.
Investigaciones en la Audiencia
En relación al hecho de que Ghali tuviera DNI español, Urdiales responde que es "lamentable" que no se sepa que solo con este documento de identificación no se podría viajar de Argelia (país de donde provenía Ghali) a España. "Si sales con el pasaporte y el DNI destino a Zaragoza, y has perdido en el zoco argelino tu pasaporte, comprobarás que aunque conozcas a Ghali, con el DNI español, seguro que no te permitirán embarcar y tienes que ir al Consulado solicitar un salvoconducto", precisa.
Del mismo modo confronta la tesis de Abogacía y Fiscalía en relación a que el Gobierno desconocía que estaba siendo investigado en dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio y lesa humanidad, entre otros. Tanto los imputados como los testigos que han declarado hasta el momento (incluido el comisario general de Información de la Policía Eugenio Pereiro) negaron estar al corriente de estas diligencias o que sobre el líder del Frente Polisario pesara una orden de búsqueda y captura.
Al respecto las acusaciones matizan que había una orden de localización vigente en la Audiencia Nacional y que la exministra Laya pudo haber movido ficha para esclarecer su situación procesal en España antes de autorizar su entrada por Zaragoza y posterior traslado a un hospital de Logroño. "Lo que es claro es que un individuo cuyo aliado Argelia sabe por comisión rogatoria del magistrado José de la Mata, que está investigado por genocidio, terrorismo, asesinato, secuestro... no viaja destino a España sin que el Gobierno de España le garantice libertad de circulación e inmunidad", precisa, para añadir que, "a ojos de cualquier jurista la situación es cómica"
Sobre este aspecto, el magistrado expuso en su auto del pasado 10 de marzo que la actuación del Gobierno no tenía reproche penal en lo relativo al motivo humanitario de sus asistencia. Ahora bien, Lasala advirtió que "lo realmente trascendente a los efectos de la prevaricación" es aclarar si se decidió asistir a Brahim Ghali a sabiendas de que estaba solicitada su declaración en la Audiencia Nacional como investigado. Ahora las acusaciones responden y dicen que este capítulo no se debería investigar bajo el delito de prevaricación sino como un posible encubrimiento.
