El Gobierno llevará el martes al Consejo de Política Fiscal y Financiera un anteproyecto de Ley presentado por el Ministro de Hacienda sobre la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, para posteriormente acudir a la administración local en un intento de coordinar las futuras decisiones de las tres administraciones. El objetivo es el de fijar un techo de gasto presupuestario, pieza clave para un eficiente control del déficit público. 

La vicepresidenta del Gobierno hacía públicos los tres objetivos básicos recogidos por este anteproyecto, encabezados por garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones públicas. Además, se pretende fortalecer la confianza en las posibilidades que ostentan las diferentes autonomías,  a la vez que se intenta cumplir com los compromisos, los asumidos ya y los que deberá asumirse ante la Unión Europea. 

Los cambios del nuevo gobierno han empezado por el propio nombre de la Ley, que añade "sostenibilidad" a su enunciado original, ya que en palabras de la vicepresidenta "son medidas a largo plazo, de modo general y permanente, que pretende la igualdad de todas las administraciones públicas a la hora de lograr la estabilidad presupuestaria". 

Para ello, se establece un límite de deuda pública, un marco presupuestario a largo plazo y un refuerzo de los mecanismos sancionadores por las normas que se incumplan. Concretamente, todas las administraciones públicas deberán presentar la situación de equilibrio o superávit, no superando su déficit estructural el 0,4% del PIB. Además, no podrán superar  el 60% del PIB del valor de referencia salvo en situaciones excepcionales. Del mismo modo las administraciones públicas deberán aprobar un techo de gasto previo a la elaboración de sus presupuestos. 

El Gobierno pretende así que la futura Ley tenga carácter permanente, que implique a todas las administraciones públicas y que establezca mecanismos para que éstas logren alcanzar el objetivo de déficit, principalmente con los dos destacados del techo de gasto y del régimen sancionador que castigue especialmente la gravedad y la reincidencia y que permita corregir desviaciones. 

El Gobierno abre la puerta a la gestión privada de las televisiones públicas autonómicas

El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el anteproyecto de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual que permitirá a las comunidades autónomas "decidir la forma de gestión de los canales públicos de televisión", incluyendo "fórmulas de gestión indirectas", según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, con lo que se abre la puerta a la gestión privada.

Así, la vicepresidenta ha recordado que uno de los compromisos electorales del PP era ampliar la posibilidad de las comunidades autónomas de elegir "libremente" la forma de gestión de los canales públicos de televisión y ha subrayado que no se trata de imponer ningún modelo a las comunidades.

"El Estado no establece por ley ninguna obligación, no se trata de constreñir el marco de la gestión sino de ampliar la posibilidades que tiene cada comunidad autónoma en el marco de sus estatatus y dentro de sus competencias para decidir libremente cómo gestionan este servicio público si directamente o con fórmulas de gestión indirectas", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que el anteproyecto "busca ayudar a los distintos administraciones a elegir los modos de gestión de este servicio público que sean más eficaces y más eficientes" y procurar que el "cumplimiento de los límites de déficit público buscando esa eficacia, esa eficiencia, pero también la viabilidad de esas televisiones autonómicas".

Reforma laboral que agota el plazo

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáénz de Santamaría ha dicho que el acuerdo que los agentes sociales han presentado está limitado a la solución extrajudicial de conflictos, a cuestiones relacionadas con las mutuas de trabajo, la formación profesional o la racionalización de los "puentes".

Sin embargo, ha destacado que no se han puesto de acuerdo en los temas "troncales" de la reforma: la contratación, la flexibilidad de las empresas, la negociación colectiva o el absentismo.

La vicepresidenta ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunió con patronal y sindicatos para que alcanzaran un acuerdo antes de la segunda semana de enero y que, por tanto, el próximo domingo acaba el plazo.

"Es cierto que tienen este fin de semana para intentar fortalecer el acuerdo", ha subrayado Sáenz de Santamaría, quien ha dicho que el Gobierno estará pendiente de la evolución de los trabajos, aunque ha insistido en que el lunes acaba el plazo.

Ha reiterado que es una decisión "firme" del Gobierno el llevar a cabo la reforma del mercado de trabajo que "España necesita" y ha asegurado que el Ejecutivo valorará "la profundidad" de los acuerdos que alcancen los agentes sociales.

La vicepresidenta no ha dado más detalles porque, ha dicho, no va a "condicionar" a patronal y sindicatos planteando una propuesta del Gobierno que se conocerá en breve.

Últimos nombramientos

El Consejo de Ministros ha culminado hoy la aprobación de los nuevos delegados del Gobierno en todas las autonomías con la desginación de los de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aprobado en su reunión de este viernes el nombramiento de Cristina Cifuentes como delegada del Gobierno en Madrid. Cifuentes ocupaba hasta ahora el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

Además, el Gobierno ha designado a Ramiro Ruiz Medrano en Castilla y León, actual vicepresidente primero de las Cortes autonómicas, y al hasta ahora consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, en la comunidad.

"Fortalecer" la protección a víctimas menores de delitos

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Saénz de Santamaría, ha afirmado el “respeto” por la misma pero a la vez ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de “fortalecer” la legislación sobre la protección a las víctimas menores de delitos graves. En este sentido, se ha reafirmado en el objetivo de aprobar un Estatuto específico y en el establecimiento de la “prisión de carácter permanente y revisable”. Algo que ya estaba en el programa electoral del Partido Popular.

La Vicepresidenta y Portavoz del Gobierno también ha declarado su intención de ayudar a que las Comunidades Autónomas cumplan sus compromisos de déficit. En este sentido, ha anunciado que se ha extendido el permiso para que Baleares pueda emitir deuda.  Respecto a los vídeos colgados en  que apuntan a un cambio radical de criterio acerca de la no subida de impuestos por parte del nuevo Ejecutivo, que “es lo que nos hemos encontrado” aludiendo al 8% de déficit que se han encontrado contraponiéndolo al 6% declarado por la ex vicepresidenta y ministra de Economía socialista, Elena Salgado. Por último, sobre la visita de Nicolás Sarkozy a España el próximo lunes, la Portavoz ha confirmado el límite de dos preguntas por compareciente.