El plan de Alberto Garzón para que sea el Ministerio del Consumo el que multe a las eléctricas sigue adelante pese al lío legal provocado por la entrada en vigor, el pasado 28 de mayo, de las modificaciones normativas sobre las competencias sancionadoras incluidas en el Libro Sexto del Real Decreto 24/2021, del pasado 2 de noviembre y a pesar también del malestar de las comunidades autónomas. Para tratar de calmar los ánimos de los ejecutivos autonómicos, el Gobierno les ha enviado una carta dando explicaciones.
El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, es calificado por Consumo como una "nota informativa" cuyo objetivo, afirma, es "facilitar la interpretación" de los principales artículos del citado texto. El Ministerio, eso sí, advierte que el documento remitido a las comunidades autónomas está concebido "estrictamente" como un "documento de orientación, habiendo sido de interpretación la jurisprudencia publicada hasta mayo de 2022, sin predeterminar la evolución jurisprudencial futura".
De esta forma, Alberto Garzón trata de explicar a las comunidades autónomas la propia interpretación que podían hacer del texto aprobado en noviembre. No obstante, y según destacan a Vozpópuli las fuentes consultadas, "al final la decisión es de un juez" y, teniendo en cuenta que ya hay procedimientos sancionadores abiertos a instancias de los gobiernos autonómicos, la carta no pone solución al actual vacío legal existente: "Las causas abiertas a instancias de los ejecutivos autonómicos pueden cerrarse al perder esa competencia en favor de Consumo".
Las multas a las eléctricas
De la totalidad del escrito enviado por Consumo a las comunidades autónomas, lo que queda totalmente claro es que será Alberto Garzón el que tenga la competencia para sancionar a las compañías eléctricas. Un objetivo que, según las fuentes consultadas, ha sido la "principal motivación" del texto aprobado el pasado mes de noviembre.
En ese sentido, en la carta a los gobiernos regionales se advierte que "cuando la infracción produzca lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores o usuarios de forma generalizada en el territorio de más de una comunidad autónoma, de tal forma que se pueda ver afectada la unidad de mercado nacional y la competencia en el mismo, la competencia corresponderá a los órganos competentes en materia de consumo de la Administración General del Estado".
Cabe recordar, en ese sentido, que solo en Galicia "hay más de 4.000 denuncias abiertas contra las compañías eléctricas por la subida del recibo de la luz y el vaciado de los pantanos". No obstante, como esa subida ha sido igual en todo el territorio, y esos comportamientos se han producido en varias comunidades autónomas, la competencia sancionadora la asumiría Garzón.
Sobre este mismo asunto, Consumo insiste que "para considerar que una infracción de la normativa de consumo produce lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores o usuarios de forma generalizada [...] se tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, el número de consumidores y usuarios afectados, la dimensión del mercado donde opere la compañía infractora, la cuota de mercado de la entidad correspondiente o los efectos de la conducta sobre los competidores efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios".
Señala al "sector energético"
La carta remitida por Consumo, además, señala al "sector energético" a la hora de poner una serie de ejemplos prácticos para facilitar la comprensión de la nueva reglamentación por parte de las comunidades autónomas.
Así, en uno de esos ejemplos, se recuerda que "en el sector energético, en relación con infracciones en materia de competencia desleal -actos de denigración mediante el envío de cartas con información sobre competidores- el Tribunal Supremo ha señalado que se produce este falseamiento de la competencia con cinco millones de afectados".
También recuerda otro caso relacionado también con el "sector eléctrico" y el "bono social": "En el sector energético, en relación con hechos relacionados con la denegación y dificultades en la tramitación del bono social a familias numerosas- la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC entendió que no se produjo una afectación a la competencia cuando el número de afectados sobre el total era de escaso volumen".
Vea, a continuación, la carta remitida por Consumo a las comunidades autónomas:
