Hace tiempo que los policías nacionales destinados en la Jefatura Superior de la barcelonesa Vía Laietana temen su desalojo. Mociones en el Ayuntamiento de la capital catalana y declaraciones políticas les habían puesto en guardia frente a una posible cesión del Gobierno al independentismo. Ahora ya tienen una constatación oficial de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sopesa vaciar estas dependencias para convertirlas en un "centro memorial de la represión franquista en Cataluña".
Las noticias llegan a los agentes a través del Congreso de los Diputados. Montserrat Bassa y Marta Rosique, de ERC, lanzaron al Gobierno una batería de 200 preguntas el pasado 8 de enero sobre la represión en Cataluña. Y el Ejecutivo, siguiendo los protocolos de la Cámara, respondió a las dos políticas independentistas. La respuesta, no obstante, no ha sido del agrado de los policías nacionales.
Porque en el escrito, el Gobierno de Pedro Sánchez se abre a negociar la salida de los agentes de la Jefatura, un enclave que se ha convertido en un símbolo de las protestas en Cataluña. Ubicada en pleno corazón de Barcelona, el independentismo clama por su salida y así se lo han hecho saber con escraches y manifestaciones. La Jefatura también fue uno de los puntos más calientes en los disturbios del 1-O y en los que hubo tras la sentencia del procés.
La pregunta de ERC
Lo cierto es que la Comisión de Interior del Congreso aprobó el 1 de junio de 2017 que el edificio se reconvirtiese en un museo memorial de la represión franquista en Cataluña. Pero la decisión se supeditaba a que la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior llegasen a un acuerdo para su cumplimiento.
Las diputadas de ERC preguntaban al Gobierno sobre esta decisión. Y pedían que el espacio se convirtiese en "una exposición permanente de la represión, causas, protagonistas y consecuencias durante toda la dictadura de Franco, de la lucha por las libertades democráticas". También que se cree "un órgano participado y coordinado entre el Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona para la gestión de este museo-centro memorial".
En su respuesta escrita, el Gobierno destaca el papel que ha desempeñado en asuntos de memoria histórica y lamenta la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que presentaron en 2019. A su juicio, con una "importante dotación presupuestaria para la implementación" de estas medidas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez responde a las diputadas de ERC que "comparte la necesidad" de una regulación de los "lugares de memoria democrática [...] vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población".
Malestar entre los policías
En ningún caso descarta que la Jefatura superior de Policía en Barcelona forme parte de esa lista de lugares susceptibles de convertirse en un centro memorial: "El Gobierno es partidario de que la Administración General del Estado elaborare un censo de lugares de memoria en colaboración con las comunidades
autónomas".
La posición del Ejecutivo ha provocado un profundo malestar entre los agentes destinados en Cataluña. El sindicato policial Jupol pone voz a las críticas contra el Gobierno: "Pedro Sánchez deja la puerta abierta a consumar el desalojo de la Policía Nacional de esta sede en la que viene trabajando desde hace años para poner en su lugar un museo de la represión franquista". También le piden al presidente que "recapacite" y que "no venda de nuevo a la Policía Nacional a cambio de un puñado de votos de los partidos independentistas".
"Además, queremos recordar que en estas dependencias trabajan actualmente decenas de agentes y personal de administración de la Policía Nacional, por lo que el traslado de estas dependencias a unas nuevas que reúnan las características necesarias sería muy complicado y supondría una merma de las condiciones laborales y operativas de la Policía Nacional en Barcelona", esgrimen desde el sindicato.
