“Retribuciones dignas”. Bajo ese lema, cientos de militares se manifestaron el pasado sábado en el corazón de Madrid en protesta por lo que consideran unos salarios injustos respecto al desempeño diario que afrontan; más aún tras unos años en los que han protagonizado misiones poco habituales como la lucha contra el coronavirus, la borrasca Filomena, la evacuación de Kabul o el volcán de La Palma. Los convocantes, tres asociaciones representativas de las Fuerzas Armadas, consideraron el acto como un “éxito” y piden que se escuchen sus demandas. Sin embargo, la Delegación del Gobierno trató de impedir que los efectivos llegaran hasta el Congreso de los Diputados, donde se había convocado el acto. La Justicia tuvo que tomar cartas en el asunto.
La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) convocaron a los efectivos en una protesta convocada para el 16 de octubre, entre las 12.00 y las 13.00, que debía discurrir desde la Puerta del Sol, por la Carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados.
Así lo acreditaron el 17 de septiembre en el escrito que depositaron en el Registro General de la Delegación del Gobierno de Madrid. En el mismo documento, las asociaciones aseguraban que se adoptarían las medidas sanitarias adecuadas por la pandemia del coronavirus y que estimaban la participación en torno al medio millar de personas. La respuesta de la Delegación del Gobierno llegó el 30 de septiembre: confirmaba que habían recibido toda la información sobre la manifestación y daba luz verde a su celebración en los mismos términos que habían detallado las asociaciones militares.
Pero la Delegación del Gobierno cambió de criterio el 13 de octubre. Dejó sin efecto su “toma de conocimiento” de la manifestación y estipuló que los militares sólo podían llegar hasta el cruce entre la calle Cedaceros con la Carrera de San Jerónimo. Que, si acaso, una representación de los 15 manifestantes podía ir con la pancarta hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados.
La Delegación esgrimía que ese día había otra manifestación en el centro de Madrid y que impedía el acceso a los militares a las inmediaciones de la Cámara Baja para evitar que coincidieran. Trasladó su decisión a las asociaciones convocantes el 14 de octubre, dos días antes del acto. Los militares recurrieron a la Justicia para que no se les impidiera llegar al Congreso de los Diputados, alegando que no había justificación para un cambio “tan drástico” con sólo dos días de aviso.
Justicia avala que lleguen al Congreso
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a los convocantes en una sentencia dictada un día más tarde, la víspera de la manifestación. La juez aseveró que la otra manifestación que se celebraba el sábado 16 de octubre en el centro de la ciudad no discurría por los mismos lugares a las mismas horas: “No se ha justificado la concurrencia de motivos para imponer la modificación acordada”, detalla la sentencia, en referencia a la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno.
Finalmente, la manifestación convocada por los militares discurrió hasta las mismas puertas del Congreso de los Diputados. Las asociaciones representativas han mantenido reuniones con los portavoces parlamentarios de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados para pedirles que se incluya una partida de 300 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado destinados a las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. Así, apuntan, se podría aumentar en 160 euros la mensualidad que percibe un militar cualquiera que sea su empleo -rango, en términos coloquiales- a partir de su complemento específico.
A juicio de las asociaciones militares, esta decisión supondría “una medida inicial” que “deberá culminar en un plazo de unos pocos años” con la implantación de unos “salarios justos”. Así, apuntan, “la situación de las retribuciones militares” comenzará a “dejar atrás el calificativo de “grave” que fue otorgado por unanimidad por los parlamentarios en febrero de 2018”.
