El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido este martes que el Gobierno no tiene de momento fecha fijada en el calendario para presentar una reforma del Código Penal que se aproveche para actualizar las figuras penales de la rebelión y la sedición, si bien ha defendido la necesidad de revisar estos delitos recogido en un artículo que data del siglo XIX.
Así respondía Campo a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que ha incidido en que desde el Ejecutivo de coalición no se ha trasladado un compromiso sobre un calendario a seguir para dicha reforma del Código Penal.
Sin embargo, en febrero pasado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, había situado esta reforma para antes de agosto, pese a que Campo nunca la citó entre las prioridades del departamento que expuso en su primera comparecencia parlamentaria tras ser nombrado al frente de Justicia.
Más allá de 2020
Fuentes gubernamentales reconocen hoy que no cuentan siquiera con que esta reforma se plantee en lo que queda de 2020, ya que la prioridad pasa ahora por afrontar la reconstrucción del país tras la pandemia del coronavirus. Y porque una reforma de ese calado requiere de un trabajo sosegado, y previo acuerdo político entre las fuerzas sobre la necesidad de llevarla a cabo.
Campo ha recordado cómo ya en una comparecencia en el Senado expuso que en los países de nuestro entorno como puedan ser Alemania, Francia o Italia, "existe una voluntad unánime en la doctrina cuando se aborda este tema". "La legislación española debe ser objeto de revisión porque el artículo es de hace 200 años, del 'Código Pacheco' de mediados del XIX", ha apuntado.
En este sentido, ha insistido en que si bien no hay calendario establecido, "hay modificaciones que se deben abordar", y ha citado como ejemplo las relativas a la emergencia climática, la defensa de los derechos de los animales o el cibercrimen. Además, ha adelantado que estas reformas deben hacerse contando con un gran consenso, aportando los informes pertinentes por la vía del anteproyecto de ley para que se pueda abrir un debate sereno porque "no se puede hacer en quince días".
Así, ha evitado concretar plazos para reformar el Código Penal, máxime cuando "hoy las energías están volcadas en reconstruir el país y salir de la crisis social y económica" provocada por el impacto de la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia del coronavirus. Con todo, sí que ha incidido en que el Gobierno mantiene su compromiso de llevar al Consejo de Ministros antes de que finalice 2020 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
Ya en febrero, el ministro anunció en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados que antes de que concluya el año presentaría esa nueva LeCrim para que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales, en vez de los jueces. "Es absolutamente perentorio que demos el paso de superar una legislación decimonónica, estructural y sustantivamente desbordada por la realidad procesal", dijo entonces.
