La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido dejar claro en el Congreso que no hay alternativa a su decreto ley sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos, que fue aprobado por la mínima en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y y que toda la oposición ha pedido retirar.
En su comparecencia en el Congreso, Montero ha señalado que la fórmula que pactó con el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, es "un buen acuerdo" para que los ayuntamientos que quieran puedan gastar 5.000 millones de sus remanentes sin saltarse la Constitución ni la Ley de Estabilidad. "Es el único mecanismo que hemos encontrado, no se nos ocurre ningún otro alternativo", ha avisado a la oposición.
Y es que, según ha recordado, el articulo 135 de la Constitución y la posterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria impiden a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes, y son dos normas cuya reforma exige unas condiciones que no dan hoy en España.
En ese contexto, la ministra ha dicho que "lo único" que puede ofrecer a la oposición es no poner en marcha el fondo de remanentes hasta que el decreto sea convalidado y tramitar después como la norma como proyecto de ley para que el Congreso pueda perfeccionar esa parte.
"Es lo más que puedo plantear. Soy absolutamente clara y sincera", ha zanjado, pidiendo que la financiación municipal no se convierta en otro argumento de pelea partidista.
"Chantaje despreciable", dice el PP
"Es un despreciable chantaje a los ayuntamientos", ha sido la respuesta de la portavoz del PP, Carolina España, que ha aconsejado al Gobierno retirar el decreto para evitar la derrota y volver a abrir una negociación con los ayuntamientos. Y si el Ejecutivo sigue adelante, recurrirán al Tribunal Constitucional.
En similares términos se ha pronunciado Víctor González Coello de Portugal, de Vox, quien asegura que no participa en este "latrocinio" y que recurrirá este mecanismos por todas las vías a su alcance.
