La Abogacía del Estado presentó en la Audiencia Provincial de Barcelona, entre el 4 y el 8 de octubre, un mes antes de las elecciones del 10-N, un total de 27 escritos en los que reclamaba el procesamiento del mismo número de personas implicadas en el procés.
De estos 27, un total de 24 eran altos cargos y funcionarios del Govern de Junts pel Sí, la coalición de ERC y PDCat (JxCat) encabezada por Carles Puigdemont (JxCat) y Oriol Junqueras (ERC); pero también por directivos de TV3 y Catalunya Radio, según los documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
Estas peticiones, que llevan la firma de la abogada del Estado Beatriz Vizcaíno, se dirigen a la Audiencia Provincial de Barcelona, cuyos magistrados deberán decidir si confirman la decisión de la magistrada Alejandra Gil Llima, que mediante un auto de 6 de junio decidió sentar en el banquillo de los acusados a una treintena de implicados en el desafío soberanista, que no son aforados.
De esta forma los servicios jurídicos del Estado, que dependen del Ministerio de Justicia, y por tanto del Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como se reflejó en el juicio del procés que se siguió en el Tribunal Supremo, confirman la decisión de la juez de imputar a los no aforados delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos.
El director de TV3
Entre los procesados por desobediencia se encuentran los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis Llàcer y Saül Gordillo Bernárdez, respectivamente; Antoni Molons, exalto cargo de la Generalitat; Amadeu Altafaj, Albert Royo, Pablo Raventós y Jaume Clotet, entre otros.
Entre los altos cargos destacan también personas de la máxima confianza del exvicepresidente Oriol Junqueras, que es presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); como por ejemplo Mercedes Martínez Martos, Natalia Garriga Ibáñez y Daniel Gimeno Alcañiz.
La primera, que era Responsable de Proyectos Organizativos y Territoriales dependiente del Departamento de Vicepresidencia de la Generalitat encabezado por Junqueras, tenía en su poder un pen drive que contenía un documento en el que se mostraba la distribución por toda Cataluña del material para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre este material estaban las papeletas y los sobres para votar y hasta la distribución de 20.000 bolígrafos y 6.300 marcadores de votación.
Dependían de Junqueras
La funcionaria Mercedes Martínez aseguró ante el juez en su comparecencia que estaba a las órdenes de Natalia Garriga Ibáñez, directora de Servicios de la Secretaría general de Vicepresidencia.
Por su parte, la magistrada considera que Daniel Gimeno Alcañiz, que fue jefe del gabinete técnico de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, era el responsable del fichero de datos del Registro de participantes del referéndum del 1-O. Este cargo de Junqueras fue detenido en 2018.
