El Gobierno ha negado este martes que el exministro de Justicia y exdiputado socialista Juan Carlos Campo, elegido para ser magistrado del Tribunal Constitucional (TC) junto a la catedrática de Derecho y exintegrante del equipo de Moncloa Laura Díez, contribuya a politizar la Justicia. El Ejecutivo se escuda en que el órgano de garantías no forma parte de la maquinaria judicial del Estado; que ambos candidatos son idóneos y que llegado el momento no supondrá problema alguno que el propio Campo, que ha sido proponente de leyes que previsiblemente pasarán por el TC, tenga asiento el responsable de velar por el cumplimiento de la Constitución.
Eso sí, en Moncloa hay división de criterios respecto a lo que puede ocurrir ahora. Y es que una vez iniciado el proceso para nombrar a estos magistrados -Moncloa lo remitirá "inmediatamente" al TC- el órgano de garantías puede frenarlo puesto que el Ejecutivo no ha esperado al Poder Judicial, al que le corresponde nombrar a otros dos. Y es que según la Constitución los cambios deben hacerse por tercios aunque hay interpretaciones jurídicas dispares sobre este asunto.
Fuentes gubernamentales sostienen, no obstante, que el TC no parará el proceso. Aunque otras fuentes advierten de que ese escenario es probable, lo que provocaría un choque sin precedentes entre poderes e instituciones del Estado. Y es que el propio Constitucional tendrá que decidir si permite que Campo y Díez tomen posesión sin que haya decisión alguna sobre los dos que elige el Poder Judicial. Y el Gobierno no va a esperar más pese a que se muevan los jueces. "Nosotros hemos iniciado el proceso", zanjan en Moncloa.
El TC no parará el procesoFuentes gubernamentales
"Juan Carlos Campo es una persona absolutamente acreditada para ser miembro del Tribunal Constitucional. Es un servidor público desde diferentes roles. Es una persona idónea y muy reconocida en ámbitos de izquierda y derecha y lo es porque es dialogante, de consenso, equilibrada, y conocedora del derecho. La decisión que ha tomado el Consejo de Minsitros es idónea", ha zanjado el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Campo y Díez sustituirían al actual presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, ambos designados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 y que agotaron su mandato de nueve años el pasado junio. Es más Moncloa, para eludir la iamgen de que 'mete mano' en la Justicia como el PP, ha alabado el perfil de los candidatos que nombraron los populares entonces. "[Nuestros candidatos tienen] la misma idoneidad que Trevijano y López, que también interpretaron nuestra Constitución", ha argüido Bolaños.
"Nos hubiera gustado que hubieran sido simultáneos con los dos que tiene que nombrar el Poder Judicial. Nos gustaría que el CGPJ hubiera nombrado y que nombrara inmediatamente. Lo podría hacer esta misma tarde. En julio se modificó a ley y desde entonces el Poder Judicial puede nombrarlos. Y se les estableció un plazo legal: el 13 de septiembre. Desde el Gobierno hemos mantenido prudencia absoluta. Los ocho vocales no están cumpliendo. Y nosotros si", ha defendido Bolaños.
La duda sobre Campo
Así las cosas, la pregunta es si Campo se abstendrá Campo en todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que se le presenten al Tribunal y que tengan por objeto decretos-leyes aprobados por el Gobierno al que perteneció o leyes que tuviesen su origen en proyectos de ley aprobados por el Gobierno. El nombramiento, además, ha sentado muy mal en el socio del PSOE en Moncloa.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha afeado este mismo martes los nombramientos de Campo y de Díez, que asegura que es una decisión unilateral del PSOE, que ha calificado de "contrasentido" y un ejercicio de "puerta giratoria". Para los morados, se trata de un acto de "cinismo" por parte de su socio por dar este paso y asumir a la vez el veto del PP a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político y no jurisdiccional.
El Ejecutivo se agarra a la sentencia 191/2016 del Constitucional para defender su movimiento. Campo participó en la elaboración de la ley del 'sólo sí es sí' o en la concesión de los indultos a los líderes del procés. "Ya hay una sentencia del Constitucional, que es de 15 de noviembre de 2016, donde se dice que cuando un órgano que tenga obligación de nombrar magistrados del Constitucional no lo haga en tiempo y forma eso no puede retrasar a otro órgano, en este caso, el Gobierno", ha explicado Bolaños. El órdago del Gobierno al TC está lanzado. Toca esperar.
mar6
Der Führer süchtzt das Recht , 88 años después
Nafasy
Mentira, Gol Pistas, Traidores Cana Llas!!
RafdelMoral
Si algo se ha hecho mal alguna vez, señor Bren, no quiere decir que haya que seguir haciéndolo...