Los actuales dueños de la sociedad Grand Tibidabo, que quebró en diciembre de 1999, han acusado a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán y de Marta Ferrusola, de blanquear en Andorra dinero de la empresa cuando estaba dirigida por Javier de la Rosa, según consta en un escrito dirigido al juez que instruye el caso Pujol, José de la Mata. El financiero De la Rosa fue condenado a tres años de cárcel tras reconocer que se había apropiado de 68 millones de Grand Tibidabo entre 1991 y 1994, por lo que acabó con los ahorros de 10.000 pequeños accionistas.
"El presente procedimiento se sigue por blanqueo de capitales, y en el mismo ha sido localizada una cantidad de dinero proveniente de las arcas de Grand Tibidabo S.A. (en liquidación) que han aparecido blanqueadas o en intento de blanqueo en cuentas corrientes en Andorra de Jordi Pujol Ferrusola", especifica el escrito, en el que los dueños de la firma rechazan las pretensiones del clan de que sean expulsados como acusación popular de la causa.
Precisamente, Javier de la Rosa llegó a declarar ante la Policía que ayudó a Jordi Pujol a abrir cuentas en la banca ginebrina Lombard Odier. "Yo era cliente de Thierry Lombard y el señor Puol me dijo que quería abrir alguna cuenta en la entidad Lombard Odier, por lo que a mediados de 1991, en uno de los viajes de Lombard a Barcelona, le acompañó a éste a la sede de la Generalitat, donde le presentó al señor Pujol, que contrató alguna cuenta". Sin embargo, De la Rosa no ratificó este testimonio ante el juez.
El hijo de De la Rosa
En el caso Pujol también declaró como investigado el hijo del financiero catalán, Javier de la Rosa Misol, que en su testimonio reconoció que cobró 2,6 millones de euros por una operación inmobiliaria. Según su versión, este dinero fue declarado en Londres ya que él era residente en Reino Unido. Asimismo, explicó que ante "el riesgo" de que en España se le abriese una inspección tributaria regularizó esos pagos con Hacienda a través de la amnistía fiscal de 2012.
El escrito de Grand Tibidabo dirigido al juez se produce después de que la Policía haya constatado que los Pujol ingresaron en Andorra más de 50.000 euros en la operación de compra en 1991 por parte del Gobierno de la Generalitat, presidido entonces por Jordi Pujol Soley, de un edificio destinado a ser la Conselleria de Medio Ambiente, según especifica un informe del Grupo 24 de la UDEF-BLA.
Los agentes han llegado a esta conclusión tras confirmar la veracidad de la declaración que hizo en 1994 el empresario Alberto Freixa Vidal, en la acusación de corrupción denominada Grand Tibidabo, en la que aseguró que una parte de la comisión abonada en la compra de la Generalitat había acabado en manos de uno de los hijos de los Pujol.
Seguir en la causa
Los administradores de Grand Tibidabo justifican en su escrito dirigido al juez que, pese a la petición de los Pujol de que les expulsen de la causa, deben seguir siendo parte en la causa como acusación popular.
En el mismo sentido, esta sociedad anuncia futuras acciones civiles frente a los Pujol, ya que se considera "victima indirecta de Jordi Pujol Ferrusola y otros por transmisión a éste de parte de lo expoliado por terceros y por el coinvestigado De la Rosa", finaliza el escrito.
