La Guardia Civil reclamó el pasado 5 de octubre a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga un posible delito de sedición en el procés, Carmen Lamela, que bloqueara las cuentas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmniun Cultural, cuyos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, están imputados por un delito de sedición, según el atestado al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En el informe, los agentes piden a la jueza que se dirija a la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNCC) para que las entidades financieras aporten toda la información bancaria de la ANC y de Òmniun Cultural, "con la finalidad de solicitar el bloqueo de las cuentas y productos bancarios y financieros en que estas entidades pudiesen figurar como titulares o autorizadas".
En el mismo procedimiento también está imputado el major (jefe) de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a quién la Guardia Civil acusa de formar parte de la dirección de la sedición, ya que encabeza un cuerpo policial "que es el órgano ejecutor del plan estratégico hacia la independencia" y que el pasado 20 de septiembre, durante los registros de las sedes de la Generalitat ordenados por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, "no podía más que actuar obstruyendo cualquier actuación" que tratara de impedir la secesión.
"La labor de los Mossos pasaba por no actuar, y en todo caso, llegar a obstaculizar de las otras policías", completa el documento policial dirigido a la Audiencia Nacional, que concluye: "Esa realizada es evidente que no pudo recaer en la voluntad individual de los agentes sino que más bien respondió a un plan premeditado para evitar actuar y que no podía proceder más que de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, comandada por Josep Lluís Trapero, y en conexión directa con los miembros del comité estratégico, recuérdese: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entre otros".
