La Guardia Civil ha lanzado una operación en la mañana de este miércoles que se ha traducido en la entrada y registro de las sedes de una decena de equipos de fútbol por una sospecha de fraude a la Seguridad Social. La intervención, coordinada con Inspección de Trabajo, se centra en clubes que han militado en Segunda División B y que ahora se encuentran en las categorías recientemente denominadas como Primera, Segunda y Tercera RFEF. Fuentes próximas a la investigación detallan a Vozpópuli que los registros se llevan a cabo en las regiones de La Rioja, Alicante, Cádiz, Algeciras, Badajoz, Murcia, Baleares y Salamanca.
La intervención, adelantada por Cadena SER y confirmada por este diario, se centra en la gestión de los salarios de los jugadores, ante los indicios de que una parte de los mismos se hubiera abonado por vías alternativas para evitar los correspondientes pagos a la Seguridad Social.
El objetivo del operativo, señalan fuentes oficiales de la Guardia Civil, es obtener información documental que pudiera revelar posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados al uso de dinero no declarado cometidos por las entidades deportivas, "lo cual deja en lugar de desprotección a los deportistas profesionales".
"Problema generalizado", según la Guardia Civil
La Guardia Civil habla de una "problemática generalizada" en el uso de dinero no declarado en el mundo del fútbol, especialmente en los clubs de las antiguas categorías de Segunda División B y Tercera: "Por ello, se ha iniciado una campaña para erradicar esta práctica y especialmente el fraude de la seguridad social".
Las pesquisas arrancaron a partir de una carta que once clubes de Segunda División B remitieron en el año 2020 a la Real Federación Española de Fútbol en la que denunciaban el agravio comparativo que suponía para los equipos que pagaban de forma legal a sus jugadores respecto a aquellos que no lo hacían.
La Guardia Civil asevera que esta práctica genera un menoscabo al Sistema de la Seguridad Social por ingresar menos dinero del que correspondería por las cotizaciones de sus futbolistas, además de grandes perjuicios a los propios futbolistas, privándoles de los derechos que le asiste la Seguridad Social por su relación laboral con los clubes.
"La Guardia Civil y la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude pretenden colaborar en la erradicación de esta práctica ilegal que pudiera estar normalizada y extendida en el sector del fútbol, y que perjudica la leal competencia en el mundo del deporte así como los derechos de los trabajadores en este ámbito", señala el Instituto Armado.
Las actuaciones han sido coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares.
