Koldo García Izaguirre, una de las piezas claves en la trama vinculada a los contratos del Ministerio de Transportes para la adquisición de material sanitario durante la pandemia, recibió un ofrecimiento colaboración de la Guardia Civil para que aportara información a la causa por la que está imputado en la Audiencia Nacional. Según los datos a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el contacto se produjo cuando el exasesor de José Luis Ábalos fue a retirar uno de los vehículos que le habían sido embargados tras ser detenido el pasado febrero por orden del juez instructor, Ismael Moreno. El magistrado ordenó el embargo de un coche y una motocicleta propiedad del imputado, que le fueron devueltos a finales de mayo pasado por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras estimar un recurso en el que Koldo García manifestaba la necesidad de disponer de ellos para poder desarrollar su rutina diaria en Benidorm, muncipio en el que reside junto a su familia.
De acuerdo con los detalles referidos a este periódico, los guardias civiles que conversaron con Koldo García, con el fin de generar un clima de confianza, apelaron a la dilatada colaboración de este con el Instituto Armado en los años de plomo del terrorismo etarra. En este sentido, el papel del exasesor fue determinante para la desarticulación en Navarra de dos comandos de la banda terrorista, y de hecho, en atención a esa contribución, en el pasado obtuvo algunos reconocimientos oficiales de la Benemérita.
El ofrecimiento realizado a Koldo incluía garantías de que obtendría un trato favorable que contemplaba incluso la posiblidad de dejarlo en el futuro al margen de las diligencias si se avenía a facilitar información dirigida a esclarecer una trama que ha redoblado exponencialmente su alcance tras la declaración voluntaria ante el juez instructor en la que el comisionista Víctor de Aldama ha ofrecido múltiples detalles que salpican a varios ministros y señalan a Pedro Sánchez como conocedor de las actividades de la red. Ese compromiso indicaría que los guardias civiles que interlocutaron con Koldo habrían actuado bajo algún tipo de comisión instada judicialmente, al ser la UCO de la Guardia Civil la que oficia de Policía Judicial en la instrucción del caso.
Comunicaciones con dirigentes políticos
Según las fuentes consultadas, el interés de los agentes que se entrevistaron con el exasesor de Ábalos giró especialmente en torno a los contactos políticos de Koldo, así como las comunicaciones que este habría mantenido con dirigentes del PSOE y del propio Gobierno.
Koldo García Izaguirre ha mantenido en los últimos tiempos una relación de cierta ambivalencia con la Guardia Civil. En una entrevista con Vozpópuli publicada el pasado 8 de abril, relató cómo había detectado siete meses atrás que estaba siendo objeto de seguimiento por parte de agentes de la UCO y que ofreció a un mando superior de los encargados de vigilarle una copia de las llaves de su domicilio para evitar una entrada expeditiva de los agentes en la casa para el momento en que fueran a detenerlo. De hecho, llegó a revelar que pidió a la Guardia Civil que evitaran arrestarlo en presencia de su mujer y de su hija. "Hicieron lo contrario de lo que les pedí: no solo me pusieron a mí una pistola en la cabeza, también a mi mujer y a mi hija", aseguró.
Críticas a la UCO por su "total falta de rigor"
De hecho, también la defensa del excolaborador de Ábalos ha expresado formalmente ante el juez instructor su disconformidad con el informe de la UCO sobre el presunto incremento patrimonial de su cliente. En un escrito presentado el pasado mes de octubre por los abogados de Koldo ante el magistrado, estos critcaban que el informe policial sobre este particular adoleciera de una "total falta de rigor".
Las gestiones de la Guardia Civil para lograr la colaboración de Koldo García traza un claro paralelismo con la declaración voluntaria de Aldama ante el juez Ismael Moreno, un proceso de conformidad que comenzó a fraguarse hace meses a instancias del abogado del comisionista -que también representa al comandante de la Guardia Civil imputado en la causa-, antes incluso de que otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, enviara a prisión al empresario que ha puesto en el disparadero a Sánchez y a su Gobierno por su implicación en un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Esta causa ha sido impulsada por una sola acusación, la del fiscal Luis Pastor, que ejerce también el ministerio público en el (mal) llamado 'caso Koldo'.
