El Govern ha dado un impulso a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) al asumir el control de los principales impuestos cedidos por el Estado como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones, que liquidaban los registradores de la propiedad.
Aunque la Generalitat asumió esas funciones oficialmente el 1 de septiembre, la atención al público empieza este lunes, con 32 oficinas habilitadas en toda Cataluña, 19 de ellas propias de la ATC (las cuatro delegaciones provinciales de la ATC y 15 oficinas más) y 13 más compartidas con entes locales.
El Govern considera que la ATC entra en una nueva fase al asumir la gestión plena de estos impuestos y al hacerse cargo también de la recaudación ejecutiva de los impuestos propios y cedidos, es decir, del cobro de impagos, función encargada hasta ahora a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que también se encargaba del cobro de las multas pendientes del Servicio Catalán de Tráfico.
Con estas decisiones, la Generalitat agota el marco autonómico en materia fiscal ya que, de hecho, comunidades como Canarias, Asturias, Baleares, Murcia o Navarra hace años que asumen la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ofrecerán el lunes una rueda de prensa que supondrá la puesta de largo de este nuevo impulso a la ATC, todo ello a poco menos de un mes del referéndum de autodeterminación anunciado para el 1 de octubre.
Malestar de los registradores
No obstante, este proceso ha generado el malestar de los registradores de la propiedad, que han presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa contra la ATC por incumplir el convenio sellado con este colectivo para prestar este servicio, que vencía el 31 de octubre, y por ello reclaman una indemnización.
"Como mínimo", con 4 millones de euros, dicen, por anticipar dos meses el vencimiento del convenio por el cual este colectivo se encargaba de liquidar los principales impuestos cedidos por el Estado a la Generalitat.
Frente a las advertencias de los registradores, que han denunciado en varias ocasiones que el traspaso se ha hecho de forma precipitada, la Generalitat sostiene que está preparada para asumirlo con garantías y resalta que este servicio pasa a ser público.
