El hermano de Sánchez insiste en evitar el examen de sus correos a pesar de haber recurrido fuera de plazo

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no desiste en su intento de apartar de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz los correos electrónicos incautados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de su propia cuenta de email y los de otros altos cargos de la Diputación de Badajoz. Su defensa ha presentado un nuevo escrito contra el último auto de la instructora Beatriz Biedma en el que desestimaba el intento del músico de elevar su petición a la Audiencia Provincial por haberse registrado "fuera del plazo legalmente establecido".

El hermano del jefe del Ejecutivo defiende en un nuevo recurso de reforma, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que el trámite debe ser admitido al entender el mes de agosto como un periodo inhábil para la interposición de recursos. De esta forma, la defensa de Sánchez busca justificar que el escrito no fuese presentado hasta el mes de septiembre, casi tres semanas fuera de plazo, y dejar en manos de una instancia mayor la decisión sobre tumbar o no la orden de la jueza de incautar sus emails corporativos.

El escrito presentado su letrado distingue entre aquellos procedimientos entre "actos propios de la investigación penal", es decir, diligencias acordadas por el instructor como la puesta a disposición judicial de un detenido o el pesaje de una sustancia estupefaciente, y el cálculo de los plazos procesales. En este último, entraría -a juicio de la defensa- tanto la notificación como la interposición de cualquier clase de recursos, lo que justificaría que el escrito no fuese presentado hasta pasado 2 de septiembre.

El investigado alude al "derecho al ocio" y "derecho al descanso" de los denominados operadores jurídicos, "significadamente" de los profesionales de la Abogacía, para intentar que su recurso prospere y llegue en apelación a la Audiencia Provincial de Badajoz.

Asimismo, la defensa del hermano de Pedro Sánchez recrimina a la juez que se anotara el día 5 de agosto como fecha de inicio del plazo, al entender que el mismo debía empezar a correr a partir del día 7 de agosto, momento en el cual el auto llega a manos del procurador y es notificado a las partes. En consecuencia, el letrado apunta a que la apelación no debería ser inadmitida sin que se aclare este extremo por parte de la jueza instructora.

Tercer intento de destruir los correos electrónicos incautados por la UCO

Con este sería el tercer intento de David Sánchez de apartar de la causas los emails intervenidos por la UCO y que podrían ser clave para la instrucción dirigida por la magistrada Beatriz Biedma. El primer paso fue presentar un recurso de reforma contra el auto del pasado 9 de julio por el que la jueza ordenaba la entrada en la Diputación de Badajoz.
Seguidamente, el juzgado lo desestimó, lo que obligó al letrado defensor a presentar un recurso de apelación de tal forma que fuese una instancia superior la que resolviese a favor o en contra de tumbar la decisión del juzgado de instrucción de intervenir los correos electrónicos de David Sánchez, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo y, al menos, otros tres diputados socialistas.

En concreto, la jueza pidió indagar en todas las comunicaciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. Fue la propia UCO la que solicitó la interceptación de los correos del hermano del presidente del Gobierno y de otros ocho trabajadores públicos apuntando a la posibilidad de que se hubiesen producido una serie de "actos preparatorios" en la Diputación de Badajoz para crear una plaza pública, exclusivamente, para el músico. La orden de la magistrada se registró en una pieza separada dentro de las diligencias dirigidas por Biedma, que ha sido declarada secreta.

El hermano de Pedro Sánchez está siendo investigado por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. La causa nació después de que el sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra el músico ante la sospecha de que este estaba percibiendo "un sueldo público sin ir a trabajar", que ascendería a 55.000 euros anuales.