El desenlace del culebrón del hotel El Algarrobico parecía estar cerca, pero la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que determina que su construcción es legal porque la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras “se otorgó conforme al planteamiento urbanístico existente”, abre la puerta a una nueva batalla contra el polémico hotel. Dicha sentencia expulsa además a los colectivos que hasta ahora han venido luchando contra el levantamiento de esta 'mole' de 22 plantas a escasos 20 metros del mar en la costa de Almería, por lo que, claramente indignados, han anunciado "una larga batalla de querellas, recursos y movilizaciones contra la legalización del hotel". La auténtica responsable, dicen, es la Junta de Andalucía, que apenas unos días después de conocerse el fallo ha dado un paso al frente al anunciar que recurrirá ante el Tribunal Supremo y pedirá la suspensión de la sentencia.
La Asociación Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción han cargado duramente contra el Gobierno andaluz estos días al entender que era el verdadero culpable de la legalización del hotel de Azata del Sol SL. Sin embargo, al haber sido los colectivos expulsados de la causa, la única que podía recurrir la legalización del hotel era, junto a la Abogacía del Estado, la propia Junta, como finalmente ha sucedido. Tras el anuncio del Gobierno de que "va a explorar todas las posibilidades jurídicas para evitar que una barbaridad como esa siga adelante", las organizaciones conservacionistas consideran que se trata de una decisión a raíz de las presiones. Pese a todo, no se fían. Según explica a Vozpópuli Jaime del Vals, presidente de Salvemos Mojácar, "está bien que recurran, pero no nos fiamos. Hay que ver cómo es el recurso porque puede ser un lavado de imagen, una mera maniobra que solo sirva para enredarlo todo como ha sucedido en recursos anteriores, en los que sus argumentos más bien han ayudado a los jueces a tomar estas últimas decisiones".
La Junta de Andalucía, a la que los grupos que buscan la demolición del hotel responsabilizan de su reciente legalización, era la que podía recurrir para impedir que se reanuden las obras, paralizadas desde 2006
Y es que, según cuenta Jaime del Vals, fue la Junta quien dio luz verde al proyecto original y luego modificó "ilegalmente" la planimetría del parque para que apareciera como urbanizable y así protegerlo aludiendo un supuesto error, aseguran desde la asociación almeriense. "Ese argumento del error que utilizó el Gobierno andaluz para justificar sus actuaciones es el que ahora están utilizando los jueces", añaden. Creen que por un lado la Junta intenta hacer ver a los ciudadanos que quiere derribar el hotel pero por otro trabaja en los tribunales para su legalización. "La Junta ha estado engañando a la opinión pública", asegura tajante Del Val. Por eso, la asociación estaba incluso barajando la posibilidad de pedir al Gobierno de Andalucía que saliera de la causa "para no seguir ensuciando el proceso". La sensación que hasta ahora tenían en Ecologistas en Acción es que la intención inicial de la Junta era proteger la zona, pero probablemente más adelante aparecieron intereses urbanísticos y por eso se modificaron los planos. A su juicio, no tiene sentido que incluyeran el terreno en el Parque Natural de Cabo de Gata para luego declararlo urbanizable. "Si lo que querían era construir en la zona bastaba con haberla dejado al margen del parque".
Una sentencia que "subvierte la ley"
Califican la sentencia de "inaudita" y "escandalosa", no solo por expulsarles del pleito por problemas de forma "con argumentos falsos y de forma inadmisible", sino también porque con ella "los jueces evitan entrar en el fondo de la cuestión, ignorando por completo que el hotel ocupa suelo protegido y la servidumbre de protección de 100 metros". Según el presidente de Salvemos Mojácar, "lo que hace esta sentencia es subvertir la ley imponiendo una norma inferior, mientras es el planteamiento urbanístico el que debe adaptarse a las normas del parque". En el mismo sentido se expresa Marcos Diéguez, coordinador de Ecologistas en Acción en Almería: "La legislación ambiental siempre está por encima de los planteamientos urbanísticos y aquí se ha hecho al revés".
A raíz de la sentencia, las organizaciones han anunciado actuaciones sin descartar ninguna vía. En primer lugar, y de forma inminente, recurrirán ante el Tribunal Constitucional al ver vulnerados sus derechos por no haberles permitido subsanar el supuesto defecto de forma y no descartan llegar al de Estrasburgo. También iniciarán una campaña de presión contra la legalización del hotel y solicitarán el apoyo de los grupos parlamentarios con representación en Europa al tratarse de un lugar de interés comunitario. Además, Salvemos Mojácar ha comunicado que interpondrá una nueva querella por presunta prevaricación contra los magistrados, así como más quejas ante el Consejo General del Poder Judicial.
Manipulación de los planos por parte de la Junta
Tras una veintena de sentencias en contra, la justicia ha dado un giro con un fallo que considera la zona como terreno urbanizable y otro que da por buena la licencia de obras
Ya en septiembre de 2008, el juez de lo contencioso-administrativo de Almería, Jesús Rivera, declaró nula la licencia del hotel y acusó al Gobierno andaluz de realizar una "burda maniobra" para sustituir la planimetría oficial del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. El magistrado expuso en su sentencia que el cambio en la planimetría del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994 por otros planos se hizo para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta guisa" la obra, en "terrenos de especial protección". Más tarde, el TSJA reconoció que el procedimiento fue dudoso y en un auto determinó que el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel goza de la calificación medioambiental de "espacio natural protegido", y por tanto, "no urbanizable" de acuerdo al PORN del parque natural de 1994 frente a la modificación que realizó el Gobierno en 1997 para calificar los terrenos como zona D2 (área urbanizable). Un cambio de planos que no fue publicado en BOJA, ni sometido a exposición pública ni aprobado por el Consejo de Gobierno, según denunció entonces Greenpeace.
Pendientes del Supremo
Tras permanecer paralizado desde 2006 y después de 20 sentencias contrarias al hotel, el TSJA sorprendió el pasado mes de marzo al dictaminar que el proyecto, ubicado en el Paraje del Algarrobico, se encuentra en terreno urbanizable. Un giro de la justicia que daba vía libre a continuar la obra a falta de la resolución sobre la licencia recientemente conocida y que llevó a los colectivos a recurrir ante el Tribunal Supremo. Ahora, es el alto tribunal quien tiene la última palabra sobre la calificación de los terrenos y a quien se encomiendan los grupos contrarios a la construcción en el entorno del Parque Natural. Si el TS resuelve que se trata de un terreno protegido, la sentencia que da por buena la licencia quedaría sin base jurídica. En Ecologistas en Acción sospechan que la sentencia que avala la licencia de obras se ha ido retrasando hasta que el TSJA ha declarado urbanizable el suelo del Paraje del Algarrobico para que de esta forma tuviera una justificación.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que han dictaminado que la licencia del hotel es legal son los mismos que en marzo declararon urbanizable el suelo sobre el que se asienta el hotel. Los ecologistas sospechan del hecho de que durante cinco años todos los pleitos relativos al hotel ilegal han sido resueltos por la Sala Primera y, de pronto, se produjo un cambio a la Sala Tercera.
