Ofrecieron servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad "a precios irrisorios con pleno conocimiento de la incapacidad del Grupo iDental para proporcionar los servicios comprometidos". Lo hicieron con total "desprecio de la salud bucodental" de los pacientes, a quienes engañaron al hacerles creer que el coste "inflado" de los servicios estaba respaldado por "subvenciones o ayudas oficiales". Así es como, según explica el juez a cargo del caso iDental, los dueños de la red de clínicas estafaron a miles de clientes.
Tras las pesquisas realizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado José de la Mata asegura que los cabecillas de la compañía presionaron "agresivamente" a sus pacientes para hacerles firmar presupuestos y créditos al consumo. Dicha práctica se llevó a cabo masivamente y "obviando los requerimientos económico-financieros de solvencia establecidos por las compañías de créditos" con la intención de obtener el dinero de los bancos en un solo cobro.
"Una vez llegaba un candidato a paciente a la clínica, el primer paso en la atención al cliente era la realización de un diagnóstico y propuesta de tratamiento por parte de un odontólogo. Aunque la atención odontológica no dependía de ella, Sandra Berenguer Jiménez [directora comercial del Grupo iDental] controlaba también este primer paso, llegando a determinar los odontólogos que realizaban los diagnósticos y prescribían los tratamientos con la finalidad de incrementar las ventas", señala el instructor del caso.
Chapuzas y lesiones
Además de relatar las "estrategias comerciales engañosas" realizadas por los dueños de iDental, el juez detalla los tratamientos bucodentales que quedaron inacabados o defectuosos que, en muchos casos, generaron alergias o intolerancias a los pacientes. El instructor incluso hace referencia a lesiones como perforación de tabique nasal, del tímpano, fractura de mandíbula y/o extracciones de piezas sanas.
Aunque los clientes sufrían estos infortunios, consecuencias de la utilización de "materiales de mala calidad", de la "falta de higiene", de la "inexperiencia" de los odontólogos, estos continuaron con los tratamientos porque debían seguir pagando las mensualidades de los créditos a los que fueron sometidos bajo "engaño".
El pasado febrero, el magistrado acordó como medida cautelar suspender todas las reclamaciones, judiciales y extrajudiciales, de las entidades financieras por todos los créditos suscritos vinculados a los tratamientos médicos firmados con iDental. Y reclamó a los bancos que se abstuvieran de "incluir en los ficheros de información patrimonial a aquellos perjudicados que hayan cesado en el pago de los créditos contratados".
Proponen juzgar a 35 personas
Según consta en el auto de pase a procedimiento abreviado del juez, estas prácticas eran dirigidas en principio por una "organización criminal" y posteriormente por otra que adquirió la red de clínicas.
La primera organización la integran Antonio Javier García Pellicer, Vicente Castañer, Sandra Berenguer, Enrique Gumiel del Vado y Elena Llaneza Caruana, quienes constituyeron el Grupo iDental y toda la estructura societaria derivada. La segunda está liderada por Luis Sans y los hermanos Garrido López, quienes desarrollaron un entramado societario para conseguir de manera fraudulenta una financiación de Bankia y que, además, "siguieron la misma política de captación de clientes, aun a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos, cobrándose por anticipado los importes completos".
Esta semana, el juez De la Mata ha propuesto juzgar a un total de 35 personas por estos hechos que serían constitutivos de presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal.
En el marco de la investigación aún queda pendiente la conclusión del magistrado sobre los hechos y delitos de lesiones contra la salud pública cometidos por los investigados en los tratamientos odontológicos, así como los delitos contra la Hacienda Pública.
