Un juez ha citado a declarar como investigada a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, la popular Carlota López Esteban, tras haber sido querellada por varias familias que la acusan de un delito de prevaricación al no reactivar una licencia que permitirá exhumar a los familiares de los denunciantes enterrados en la Basílica del Valle de los Caídos -ahora Cuelgamuros-.
Fuentes jurídicas han explicado a Efe que la regidora ha sido citada en el Juzgado de Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial el próximo día 20 de diciembre a las 10.30 horas. Con la cita, avanza la querella que interpuso la presidenta de la Asociación de Familiares para la Exhumación de Republicanos en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro, y Purificación Lapeña, que tiene a dos familiares enterrados, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos.
Ambas denunciaban un posible delito de prevaricación de la alcaldesa por no reactivar la licencia de actividad municipal para que Patrimonio Nacional pudiera acometer obras para acceder a las criptas de la Basílica. En la querella alegan que el 24 de junio de 2021 se acordó por la Junta de Gobierno municipal conceder dicha licencia, pero, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este sentido, la alcaldesa dijo en el pleno municipal que no reactivaría la licencia, lo que para los denunciantes "vulnera la reparación de la víctimas" y sus derechos.
En un informe jurídico, el Ayuntamiento de la localidad madrileña alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.
Parálisis de la exhumación
Hace unas semanas, la magistrada admitió a trámite la querella, que se interpuso antes de que otra jueza rechazara en septiembre la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecutara el auto que el pasado junio levantó las medidas cautelares que paralizaban las exhumaciones.
Tal y como recoge Europa Press, esta resolución daba la razón a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial en su negativa a renovar la licencia de obras hasta que no haya sentencia firme. Sin embargo, la jueza que decidirá sobre la querella entiende que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
