El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado en calidad de investigado al ex secretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo Sotelo, que ejerció cuando José Manuel Soria dirigía el Ministerio de Industria, por adjudicaciones al Grupo Zed, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Calvo Sotelo ha sido convocado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, a instancias de la Fiscalía anticorrupción, el próximo 26 de febrero para que responda por los contratos que el Gobierno adjudicó al Grupo del que era consejero delegado Javier Pérez-Dolset.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press no descartan ampliar las imputaciones a otros ex altos cargos del Ministerio de Industria. De hecho, Calvo Sotelo no será el primero en comparecer, ya que el pasado mayo el que fuera subdirector general de Fomento de la Sociedad de la Información y vocal asesor de la Secretaría de Estado Antonio Alcolea reconoció ante el juez que el nivel de incumplimiento de las ayudas y subvenciones públicas a algunos proyectos del Grupo Zed era inaudito en términos de volumen económico y advirtió de ello a sus superiores.
'Operación Hanta'
La operación Hanta en la que resultó detenido Pérez-Dolset tuvo lugar a finales de junio de 2017 por la presunta comisión de delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos.
Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el exCEO de Zed se habría embolsado parte de ese dinero a espaldas de los pequeños accionistas de la compañía, que habrían así resultado perjudicados, por contratos sin contenido alguno.
El Grupo Zed acabó en concurso de acreedores y adquirido por 20 millones de euros, un precio muy inferior a su valor, por el magnate ruso y ahora principal accionista de DIA Mikhail Fridman, quien también está investigado en esta causa por presuntamente liderar una serie de actuaciones para aprovecharse de la situación de quiebra, tal y como sospecha la Fiscalía.
