En paro y sin ingresos, Iñaki Urdangarín acaba de recibir un auténtico chollo en forma de oferta de trabajo: ayudar a su amigo y antiguo entrenador en el Barcelona, Valero Rivera, a dirigir a la selección de balomano de Qatar durante los próximos dos años. La propuesta al duque de Palma, de la que aún no ha trascendido cifras económicas aunque sí que su nuevo 'jefe' percibirá 800.000 euros, tiene para el yerno del Rey un ventaja añadida a la estrictamente monetaria. La ausencia de una convencio bilateral de extradición entre España y el pequeño país árabe complicaría sobremanera una hipotética entrega del marido de la infanta Cristina si éste se negara a comparecer ante la justicia española, además de blindar su sueldo ante futuras órdenes de embargo, según han confirmado a este diario expertos juristas. La Justicia española tendría que recurrir a dos convenios multilaterales sobre corrupción y delincuencia organizada firmados por ambos países en el marco de la ONU y, sobre todo, a la buena voluntad de las autoridades de Doha para conseguir una hipotética repatriación de Urdangarín.
Desde la imputación en 2011, el juez Castro no ha impuesto ninguna medida cautelar que restrinja la libertad de movimiento del duque de Palma y no parece que lo vaya a hacer tras el anuncio de su marcha al país árabe
La oferta de trabajo al yerno del Rey, dada a conocer el domingo por la tarde por La Cope, se produce en un momento en el que la instrucción del sumario que ha salpicado tanto el duque como a la infanta Cristina se encuentra en su fase final. Desde su imputación en 2011, nunca se ha dictado contra Urdangarín ninguna medida cautelar "que restrinja su libertad de movimiento", como aclaró ayer en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Este órgano también detalló que, por lo tanto, el marido de la infanta no tiene obligación de pedir permiso al magistrado que instruye la causa para viajar a Qatar a negociar su contratación ni, más adelante, para asentarse en el país árabe a trabajar como segundo técnico de la selección de balonmano del país asiático. La única imposición que tiene, como cualquier otro imputado, es la de notificar al juzgado cualquier cambio de domicilio habitual.
Por ello, la acusación popular representada por el sindicato Manos Limpias ya anunció ayer su intención de solicitar al juez José Castro la retirada del pasaporte a Urdangarín y la imposición de comparecencias periódicas en el juzgado para reducir el riesgo de fuga. Una medida que no contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que sigue sin verla necesaria. En este sentido, fuentes del Ministerio Público recuerdaron a este diario que desde su imputación, el duque ha seguido viajando -trabajó en Washington para Telefónica hasta agosto del año pasado- y ha comparecido siempre que se le ha requerido. La acusación popular, sin embargo, ya ha recalcado que la situación ahora es totalmente diferente y, además, tiene el agravante de la ausencia de un convenio bilateral de extradición con Qatar, que sí existía en el caso de EEUU. De mantener su actual situación judicial, que es lo que parece más probable, Urdangarín podrá establecerse en el pequeño estado del golfo Pérsico y sólo tendría que desplazarse a España a requerimiento del magistrado para la práctica de alguna diligencia y para la celebración del juicio, algo que no está previsto que se celebre antes del año que viene.
Convenio "inejecutable"
Si entonces no acudiera a la citación, a Madrid no le quedará más remedio que alegar ante las autoridades de Doha la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción firmada, entre otros países, por España y Qatar. En concreto, a los artículos 44 y 45 que hacen referencia a la entrega de personas utilizando como "base jurídica" para la misma dicho acuerdo multilateral, según destacaban ayer fuentes del Gobierno. Sin embargo, expertos jurídicos consideran estas convenciones "inútiles brindis al sol" que sólo tienen eficacia si el país donde se encuentra el reclamado decide colaborar por propia iniciativa. "Son un cúmulo de buenas palabras que no obligan a nada a los países firmantes, lo que les convierte en inejecutables. Al final, habría que echar mano de las relaciones políticas entre ambos estados para conseguirlo", destacan los expertos consultados por este diario.
La falta de tratado de colaboración hace casi imposible un futuro embargo de su sueldo, sobre todo si éste lo ingresa en una entidad financiera del país árabe
El 'exilio' laboral de Urdangarín también haría casi imposible un hipotético embargo del sueldo que el duque de Palma cobrará en Qatar, sobre todo si está ingresado en una entidad financiera de este país, según estas mismas fuentes. Una cuestión importante ya que el marido de la infanta no ha podido reunir los 8,1 millones de euros que el juez le impuso a él y a su exsocio, Diego Torres, como fianza civil para responder de las hipotéticas indemnizaciones que pudieran resultar de una sentencia condenatoria. Hasta ahora, Urdangarín se ha limitado a comunicar al magistrado una lista de bienes embargables que no cubren la parte que le corresponde. En concreto, le ha informado que posee la mitad de la casa de Pedralbes (Barcelona) donde reside con su mujer y cuatro hijos, y la sociedad patrimonial Aizoon, propietaria a su vez de tres inmuebles repartidos entre Palma de Mallorca y Terrasa (Barcelona).
Por la primera, el matrimonio pagó 5,8 millones de euros y sobre ella aún pesa una elevada hipoteca que en su día cubrió la práctica totalidad del precio de adquisición. La vivienda lleva puesta a la venta varios meses, pero con la actual situación del mercado inmobiliario parece difícil encontrar un comprador dispuesto a pagar los 7 millones de euros que pide la pareja. Las propiedades en Palma y Terrasa están valoradas en conjunto en más de 600.000 euros, pero también soportan importantes cargas crediticias. En su recurso al auto en el que se le fijó la millonaria indemnización, Urdangarín alegó que ésta resultaba "desproporcionalmente excesiva" y que le abocaba a un "injusto empobrecimiento". De hecho, en su última declaración ante el juez, afirmó que no había podido hacer frente a los dos últimos recibos trimestrales de la hipoteca de Pedralbes.
