El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, para los territorios afectados por grandes incendios este verano en España.
Así lo anunció este lunes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su visita a la zona afectada por un incendio en el término municipal de Teresa (Castellón) junto al 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Previamente, se reunieron en Viver con los alcaldes de los municipios afectados.
La medida llega para agilizar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de este año, que han arrasado miles de hectáreas. Muchos se preguntan ahora es que conlleva la declaración de 'zona catastrófica' y cómo pueden beneficiarse los afectados.
¿Cuándo se considera 'zona catastrófica'?
La Ley 17/2015, de 9 de julio, ubica la declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" en la fase de recuperación con el objetivo del restablecer "la normalidad en la zona siniestrada". Para que una zona sea declarada 'zona catastrófica', se tiene en cuenta que el suceso "perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada", donde se haya producido daños materiales o personales o que se haya paralizado algún servicio público esencial.
Papel comunidades autónomas y ayuntamientos
El Consejo de Ministros es el organismo encargado de ejecutar la declaración de zonas catastróficas, aunque son las comunidades autónomas y los ayuntamientos las que pueden solicitar la solicitud. Este proceso debe llevarse a cabo en la fase de recuperación de la catástrofe, es decir, una vez que hayan terminado las acciones de respuesta inmediata a la emergencia.
¿Qué ayudas pueden recibir los vecinos o empresarios?
El Gobierno se hace cargo de la reparación de los daños materiales o personales o de proporcionar ayudas a empresas y trabajadores, pero no se aprueba la dotación de indemnizaciones, el objetivo es proporcionar ayudas para paliar los daños ocasionados, no indemnizar a los afectados.
Los daños personales se refieren a fallecimientos o incapacidad absoluta y permanente. En el caso de los daños materiales, la Ley 17/2015 recoge que los daños deben ser "ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado". Este tipo de ayuda son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones, siempre y cuando la suma no supere los costes de los daños.
Los beneficiaros de las ayudas aprobadas por el Gobierno en las zonas afectadas serán aquellos que hayan sufrido daños en sus viviendas y producciones agrícolas, ganaderas, forestales o de acuicultura marina. Asimismo, los Ayuntamientos afectados y los particulares que hayan colaborado en las tareas de limpieza o de escombro también podrán recibir estas ayudas.
Otro tipo de ayudas son las destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, préstamos ICO, exenciones y reducciones de cuotas en los tributos. Otras medidas son las que se contemplan en caso la emergencia impida que alguien pueda seguir desarrollando su trabajo con normalidad, en ese caso, se contemplan extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo.
