"No hay derrota que valga, empezamos una etapa de lucha". Así preconizaba la líder de la CUP, Anna Gabriel, el nuevo escenario que se abre en las calles de Cataluña tras la declaración en diferido de la independencia por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. A pesar de que los anticapitalistas le habían ofrecido un margen inicial de un mes para el diálogo con el Gobierno, consideran que el ultimátum dado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy exige que Pugidemont proclame la República catalana antes de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución, que le permite retirar las competencias autonómicas.
En la misma línea se pronunciaba pocas horas antes el secretariado general de entidad soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC), pidiendo al Parlament y al Gobierno catalán que "levanten" la suspensión de la declaración de independencia. Sin embargo, el presidente de esta entidad, Jordi Sánchez, no mantuvo una posición tan firme en las horas previas a la comparecencia del jefe del Ejecutivo catalán ante la Cámara. Al contrario, el líder de la otra entidad soberanista Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sí que ejerció presión para que Puigdemont se decantase por la opción unilateral.
Los dos presidentes de las entidades soberanistas, que manejan los resortes de la calle, están citados de nuevo el próximo lunes en la Audiencia Nacional para comparecer por un presunto delito de sedición junto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. La juez Carmen Lamela instruye la causa por los incidentes del pasado 20 de septiembre en el registro de la Consellería de Economía de la Generalitat donde los guardias quedaron atrapados por una gran masa de gente que rodeó el edificio y ante la inacción de los agentes de la policía autonómica.
La magistrada ubica a los dos líderes de las entidades civiles en "una estrategia compleja" encaminada a la consecución "de la hoja de ruta diseñada para obtener la independencia de Cataluña". De hecho, la Guardia Civil señalaba en un informe aportado a la causa que los dos Jordis "forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar", situándolos "en una posición decisoria similar" a la de la cúpula del Ejecutivo catalán. Su segunda declaración ante el alto tribunal coincide con el día en que Puigdemont debe responder al requerimiento del Gobierno para aclarar si declaró o no la independencia el pasado martes.
Nuevas protestas y otra huelga
i "no se respeta la voluntad del pueblo"
