El año 2013 se inauguró con el escándalo del indulto al kamikaze que acabó con la vida de una persona en la autopista AP-7 (tramo entre Valencia y Alicante), polémica ésta que coleó hasta que en el mes de noviembre el Tribunal Supremo declarara nula la medida de gracia concedida por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, no sin que antes la familia del fallecido iniciara una batalla judicial hasta ganarla. Desde entonces, la sucesión de personajes públicos acusados de corrupción -entre otros delitos- que solicitaban la medida de gracia para eludir la cárcel ha indignado a la ciudadanía. El malestar de la opinión pública ha aumentado en los últimos años debido al estallido constante de casos de corrupción y de las más que discutibles decisiones del Gobierno en algunas ocasiones.
Sin embargo, y a pesar del ruido mediático, 2013 no ha sido ni mucho menos el año en el que un Gobierno ha concedido un gran número de indultos. Todo lo contrario. Sorprendentemente, con los 12 últimos aprobados en Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre, el número de indultos llegó a 204, la tasa más baja registrada desde el año 1996 de acuerdo con un análisis elaborado por la Fundación Ciudadana Civio.
Curiosamente, en el mes de junio la 'fábrica' de conceder indultos iba a buen ritmo, pero a partir de entonces sufrió un bajón. En ese momento el Gobierno de Rajoy ya había librado de la cárcel a 150 condenados. El resumen de los indultos concedidos, recogido en el Indultómetro, revela que, como es habitual, la mayoría de los indultados habían cometido delitos contra la salud pública (87 de ellos), por lesiones (28) y robos (24), pero hay que destacar otros en los que las actuaciones delictivas se consideran más lesivas. Es el caso de los 3 indultos por detenciones ilegales y secuestros y otros 4 por homicidio.
Los 204 indultos de 2013 resulta una cifra comedida si comparamos con años anteriores. Más aún si la comparación se establece con el año 2000, cuando el Ejecutivo de José María Aznar 'repartió' nada menos que 1.744 medidas de gracia. Una escandalosa cantidad que justifica que ese año sea conocido como el año del 'indultazo'. En el Indultómetro, una página web que enumera y clasifica todos los indultos concedidos desde 1996 y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se pueden consultar todos los casos, lo que ayuda a combatir la falta de transparencia que ha imperado en este asunto.
Conviene recordar que la medida de gracia no la concede un órgano jurídico, sino que es el poder Ejecutivo quien reparte clemencia. Si bien las solicitudes de indulto son tramitadas por el Tribunal Sentenciador -que es quien remite al Ministerio de Justicia un informe, la historia del reo, el testimonio de la sentencia ejecutoria y otra documentación- una vez que éstas llegan al ministerio todo queda en manos del Gobierno. Es decir, el Poder Judicial no tiene nada que decir desde ese momento puesto que es el titular de Justicia quien debe proponer el debate de cada caso en Consejo de Ministros. Así, es el Gobierno quien, sin tener que ajustarse a criterios jurídicos, decide si la pena impuesta era desproporcionada o no y conceder el indulto si así fuera.
Aunque en ocasiones la justicia ha tenido que intervenir a posteriori. Ocurrió en el sonado caso del ex del Banco Santander Alfredo Sáenz, cuando el Tribunal Supremo anuló el indulto que le concedió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque para sonado, el antes mencionado 'culebrón' del kamikaze de Valencia. El alto tribunal anuló el indulto al conductor temerario, condenado a 13 años de cárcel tras estimar el recurso presentado por la familia del fallecido en el que solicitaba la declaración de nulidad de la medida de gracia.
Ilustres personajes que piden clemencia
En un momento en el que los casos de corrupción invaden los medios de comunicación y colapsan la justicia, lo que termina por aumentar la indignación popular es ver cómo personajes públicos -ya sean cargos políticos, presidentes de grandes empresas o artistas de diferente índole- acuden al Gobierno para ser indultados y no pisar la cárcel. El expresidente balear, Jaume Matas, debería cumplir nueve meses de cárcel por el primer juicio del caso Palma Arena, pero además de solicitar el indulto a Gallardón por considerar que su pena es desproporcionada, pidió no ingresar en prisión hasta que el Gobierno resuelva y así lo acordó la Audiencia Provincial.
Otro ejemplo es el de José María del Nido, polémico expresidente del Sevilla. El Tribunal Supremo le condenó a siete años de cárcel por su implicación en el 'caso Minutas' (delitos de prevaricación, malversación y fraude), pero eso no impidió que fuera despedido entre aplausos y vítores, casi como un héroe, por periodistas y otros asistentes a su adiós como presidente sevillista. Por su parte, el extorero José Ortega Cano también anunció que echaría mano de la medida de gracia para no verse entre rejas. La condena de dos años y medio de cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol y provocar la muerte de otro conductor le ha supuesto un duro revés.
