Son medidas polémicas consistentes en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme. No cancelan los antecedentes penales pero suponen extinción de la responsabilidad penal. Hablamos de los indultos o medidas de gracia que otorga el rey, a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.
Según los datos difundidos por el Ministerio de Justicia y por la web El Indultómetro, el Ejecutivo ha concedido en lo que va de año 50 indultos, contando el de Josefa Hernández, la anciana que ingresó la semana pasada en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, para cumplir una pena de seis meses de prisión por no haber derribado su casa, ubicada en un paraje natural. El Ejecutivo propuso el pasado viernes que se la indultara.
El número de medidas de gracia concedidas en 2015 demuestra que continúa el descenso a la hora de otorgar los controvertidos indultos. En 2014 se aprobaron un total de 87; la cifra más baja desde el año 1996 y que supuso un descenso drástico respecto a los 534 indultos que otorgó el Ejecutivo del PP en su primer año en la Moncloa.
En 2014 se concedieron un total de 87 indultos; la cifra más baja desde el año 1996
Sin embargo, pese a que su tramitación suele tardar meses, lo cierto es que el Ejecutivo no tramita todos los indultos con la misma celeridad. En el caso de Josefa trascendió que, a sus 63 años, esta vecina de Lanzarote que tenía a cinco familiares a su cargo -una hija con un 39% de discapacidad, sus tres nietos y su hijo parado de larga duración- iba a entrar en prisión por la comisión de un delito menor. Y ante la indignación social causada porque la mujer fuese a prisión -se recogieron casi 30.000 firmas ciudadanas a favor de que el Ejecutivo le concediera la medida de gracia- tuvo que ser el propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy quien dijese públicamente el pasado martes que la mujer iba a ser indultada porque se había creado una "situación profundamente injusta". La jugada -electoralista o no- le salió mal al Ejecutivo cuando el pasado jueves la Audiencia de las Palmas ordenó la inmediata liberación de Josefa Hernández.
Indultos escandalosos
Sin embargo, no todas las medidas de gracia aprobadas por los distintos gobiernos en los últimos años han contado con el apoyo popular ni han sido otorgadas de forma tan rápida. En contraposición, algunas de ellas han sido auténticos escándalos. Como, por ejemplo, el indulto concedido al exconsejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se encontraba ya en funciones tras haber perdido las elecciones generales.
O el otorgado a un conductor kamikaze que causó una víctima mortal en la autopista AP-7 en 2003 el joven José Dolz que fue posteriormente revocado por el Tribunal Supremo en una decisión sin precedentes. O la medida de gracia concedida a cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra condenados como autores de un delito de torturas a un ciudadano rumano que provocó que 200 jueces emitieran un comunicado conjunto criticando la medida de gracia.
Escándalos como estos han hecho que el Gobierno mida en la actualidad con lupa a quién se le conceden los indultos y cuándo se otorgan. Más de un año llevan esperando los policías condenados por dar el chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún, José María Ballesteros y Enrique Pamiés, a que el Ejecutivo se pronuncie sobre sus solicitudes pese a que la Audiencia Nacional acordó la suspensión de la ejecución de la condena hasta que sendas medidas de gracia fueran resueltas.
